El sistema de alertas del Consell ideado con Falciani y Garzón permanece estancado

«El nuevo sistema de alertas rápidas de la Generalitat estará operativo en 2018 para detectar irregularidades en la gestión pública». Así lo anunciaba la Generalitat en una nota publicada el 24 de agosto de 2017. De haber sido cierto, la aplicación informática se habría implementado en los ordenadores de la Administración valenciana que controlan asuntos sensibles como las adjudicaciones a través de contratos menores, es decir, sin concurso público. Pero no es así. La Conselleria de Transparencia, durante la pasada legislatura, puso en marcha este sistema trabajando junto a la Universidad Politécnica de Valencia y expertos en sistemas de información como Hervé Falciani o la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Desde el Gobierno valenciano se aseguró que, de haber contado con este tipo de herramientas de control, casos como Gürtel o Taula no se habrían producido. Sin embargo, en el Botánico, años más tarde, siguen sin poder dormir tranquilos. El sistema que iba a estar operativo en 2018 no lo estaba en 2019, ni este año, y quizá lo esté el próximo. O quizá no.

Falciani, el ingeniero italo-francés símbolo de la transparencia después de dar a conocer un listado de defraudadores al desvelar datos de la filial suiza del banco HSBC, se reunió con el entonces consellera de Transparencia, Manuel Alcaraz, y la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, en 2016 para aportar ideas y generar una expectación mediática que aún no ha cristalizado en nada concreto, casi cinco años después.

El sistema de alarmas (llamado inicialmente Satan y posteriormente Saler) está lejos de haberse implementado. Depende de la Inspección General de Servicios, actualmente integrada en la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo y en la que hay una importante convulsión tras una serie de cambios entre su personal responsable, que ha culminado en el reciente nombramiento de José Javier Cuenca (un experto en la Administración que el PSPV ha utilizado a lo largo de los años en diferentes cargos públicos de coordinación), como responsable de la IGS.

Fuentes de la Conselleria de Justicia señalan que actualmente se está trabajando con la Agencia Antifraude, la Sindicatura de Cuentas, Intervención General, y con las inspecciones sectoriales, además de haberse firmado un convenio con el Consejo General del Notariado y un acuerdo de colaboración con la Oficina de Control de Conflicto de Intereses de la Generalitat.

Si bien Justicia asegura que el sistema «está en funcionamiento y usa fuentes de información públicas (registro de contratos, registro de ayudas y subvenciones)», también señala que «la elaboración de los mapas de riesgos y los planes de autoevaluación facilitarán la incorporación al sistema de nuevos indicadores para la identificación de nuevos riesgos». De hecho, este periódico ha consultado a tres consellerias que manejan un alto porcentaje del presupuesto de la Generalitat y no tienen conocimiento de esa implementación, ni de reuniones para coordinar el sistema que iba a estar operativo en 2018.

La ley de la IGS establece que a través de una comisión se aprobará un mapa de evaluación de riesgos para determinar los distintos niveles de exposición al riesgo de irregularidades en la gestión de la Generalitat. Desde Justicia señalan que esa comisión se constituyó el 11 de febrero de 2020 y que «está prevista» la finalización de ese mapa «durante este mes de diciembre».

«Una vez concluido el proyecto, en el que se ha realizado un mapa de evaluación de riesgos preliminar y tres autoevaluaciones piloto, se volverá a convocar a la comisión para presentar las conclusiones del proyecto y planificar la elaboración de un nuevo mapa de riesgos utilizando la metodología desarrollada», explican desde Justicia. Si generalmente la Administración es lenta y las cosas de palacio van despacio, con la pandemia las dificultades han ralentizado aún más los plazos.