El sistema de financiación cumple 11 años caducado y sin expectativas de reforma

Se trata de lo más parecido a la expresión de la voluntad de querer llegar a un acuerdo sobre la reforma del sistema de financiación autonómico. La declaración se quedó en eso, una declaración más, sin fechas, sin compromisos y sin expectativas de ninguna clase. De hecho, en la misma reunión con todos los presidentes autonómicos, Sánchez anunció una reunión este mes de enero del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pero no para que el Gobierno y las CCAA abordaran la reforma de la financiación, sino para «impulsar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las CCAA del régimen común» pactada por el PSOE con ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa.

La reforma de la financiación no es prioritaria para el Gobierno. No lo es para Pedro Sánchez, que gobierna desde 2018. Y no lo fue para Mariano Rajoy, que lo hizo los años anteriores. Las convocatorias electorales –generales o autonómicas- en unas ocasiones, las crisis económicas en otras, la pandemia a partir de 2020 y hasta la guerra de Ucrania han sido algunos de los argumentos que se han esgrimido en los últimos años desde el Gobierno para no abordar en profundidad la reforma del modelo.

Y pasan los años. El actual sistema de financiación autonómica, que no es otra cosa que la fórmula de reparto de los fondos públicos entre las CCAA, se aprobó en 2009 y estuvo 'vigente' hasta el 1 de enero de 2014. Vigente en realidad sigue estando, aunque la duración prevista del modelo era cinco años después de su aprobación. Por eso se dice que el modelo lleva caducado más de una década. Este 1 de enero cumplirá 11 años caducado.

En este tiempo, lo más parecido a avanzar en la senda de intentar un acuerdo se produjo en diciembre de 2021. Hace justo tres años, la ahora vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, remitía a todas las CCAA lo que entonces se denominó como un «esqueleto» del nuevo sistema de financiación autonómica. Esa propuesta de criterio, el famoso esqueleto del modelo, se presentó el 3 de diciembre de 2021. Hacienda remitió a las CCAA un documento de 240 páginas repleto de complicadísimas fórmulas matemáticas, tan enrevesadas que nadie podía saber a ciencia cierta si la propuesta le beneficiaba o perjudicaba.

El entonces conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, calificó de «victoria colectiva de la sociedad valenciana» que el Gobierno central hubiera trasladado «por primera vez desde que se creó el sistema de financiación en 2002, una propuesta de criterio de reparto en base a la población ajustada, y especialmente en base a variables demográficas, lo que permitirá acabar con la discriminación actual que sufren los valencianos y valencianas». A los dos días el Gobierno valenciano se lo pensó mejor y decidió presentar alegaciones. El Gobierno valenciano y los gobiernos de la práctica totalidad de CCAA. De esa propuesta de población ajustada no se volvió a saber.

En el congreso del PSOE en Sevilla, la ponencia política recogía la necesidad de un nuevo sistema de financiación que deberá basarse en el criterio de población ajustada. El compromiso fue presentado como todo un logro del equipo encabezado por Diana Morant. La población ajustada es una fórmula que permite introducir distintas variables correctoras a la mera expresión de la cifra absoluta de habitantes de cada CCAA. Porque no es el mismo gasto el que requiere una población envejecida o dispersa, que la que necesita la de una gran ciudad. La defensa de la población ajustada acumula partidarios, sin que se haya pactado exactamente los criterios que la condicionan.

Aunque el principal, la clave de bóveda de la dificultad de negociar un nuevo modelo, tiene que ver con Cataluña. Mientras el independentismo ha presidido la Generalitat, Cataluña no ha acudido a las reuniones del CPFF como modo de reivindicar que esa región debía disponer de un estatus distinto de las CCAA del régimen común –todas menos País Vasco y Navarra-.

Los equilibrios del PSOE con ERC, para pactar la investidura de Salvador Illa, y con Junts, cuyos votos son imprescindibles para sostener la mayoría de Pedro Sánchez en el Congreso acercan esa singularidad que Cataluña reclama para la financiación de esa región. De ahí esa voluntad de conciliar multilateralidad y bilateralidad en la declaración de Moncloa. En realidad un equilibrio más que complicado que no tiene en cuenta que algunas regiones siguen recibiendo menos fondos por habitante que la media de las CCAA. En concreto son cuatro: Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y la Comunitat Valenciana.

Para la Comunitat, la dana convierte en más inaplazable si cabe la llegada de recursos financieros. El Consell viene reclamando un fondo transitorio de nivelación al que se opone el Gobierno. La exigencia de recursos a fondo perdido tampoco ha sido satisfecha por el ministerio de Hacienda, que responde con la exigencia de que se aprueben los PGE de 2025. Y ahora, además, el Gobierno suprime los recursos para financiar el exceso de déficit con un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario, como el que ha estado en vigor este año.