Las sobrinas de Barberá declaran ante la juez esta semana

La pareja de investigadas solicitaron recientemente comparecer en sede judicial. En su momento se acogieron a su derecho a no declarar o quizá no habían sido citadas hasta la fecha. La titular de Instrucción 13 ha de acordar obligatoriamente la convocatoria siempre que lo pida un imputado. Y así lo ha hecho en este caso.

Las hermanas tratarán de buscar el archivo de las actuaciones contra ellas. Resulta habitual en procesos de este tipo, con familias salpicadas por una operación policial de esta naturaleza, que los investigados apunten hacia un miembro de la familia como supuesto autor de las acciones bajo sospecha o ideólogo de la operativa para situarse ellos como simple comparsas.

Existen algunas operaciones en la familia Corbín que despertaron las sospechas de los investigadores de la UCO. Se trata de dos transferencias de 100.000 euros a dos de las tres hijas del letrado. Los movimientos se produjeron en marzo de 2015, justo dos meses antes de los comicios que supusieron el punto final de la etapa de Barberá en el Consistorio.

Fue a partir de esa fecha cuando los ingresos del despacho de Corbín se desploman de manera notabilísima. Una caída de la facturación de semejantes dígitos se explicaría por la salida de su hermana del Ayuntamiento. La pérdida de poder político de la familia haría innecesario seguir contratando al citado letrado.

Los investigadores también descubrieron cómo el entorno más próximo al letrado adquirió dos pisos de protección oficial, propiedad de la constructora Cleop. Se trata, precisamente, de la empresa que en una UTE se encargó del servicio de la grúa de la ciudad. Una de estas viviendas, al parecer, fue para otra de las hijas del letrado, Rita Corbín.