Soler confisca a Les Corts 2,8 millones sobrantes del presupuesto de 2018

La Conselleria de Hacienda ha hecho caja con Les Corts. A finales del pasado mes comunicó a la Cámara que incluya en su contabilidad la retirada de 2,8 millones de euros, la cantidad que el año pasado no fue ejecutada en los presupuestos parlamentarios. De este modo, el Ejecutivo mantiene la política de austeridad adoptada en su momento por el Gobierno valenciano cuando lo presidía el popular Alberto Fabra.

El pleno del Consell aprobó en junio el reintegro de remanentes de tesorería de todas las instituciones estatutarias al margen del Ejecutivo: Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua y el Comité Econòmic i Social. Entre todos, algo más de 4,5 millones de euros, una cantidad que desde 2011, cuando se decidió confiscar todos estos remanentes, ha ido menguando a pesar de que los presupuestos de esas instituciones se ha incrementado.

Les Corts aporta 2,8 millones, mientras que el siguiente 'contribuyente' es la Sindicatura de Comptes (700.000), Consell Valencià de Cultura (383.445,05), Síndic de Greuges (356.245,16), AVL (136.050,75), Consell Jurídic Consultiu (103.821,77) y CES (73.991,16). A finales de 2011, el Gobierno autonómico presidido por Fabra decidió que los ahorros parlamentarios serían reintegrados a un Consell con las arcas vacías. La oposición clamó contra la medida. Levantaron la voz por considerarla un síntoma de mala gestión y de la escasa autonomía del Legislativo frente al Ejecutivo valenciano. De todas las instituciones a las que afectó la medida, la Cámara fue la más perjudicada al devolver los sobrantes de las transferencias de la Generalitat.

Las nóminas y gastos de funcionamiento de estas instituciones pasaron a depender de transferencias periódicas de la Generalitat, y no de transferencias planificadas por trimestres o ejercicios como se venía haciendo hasta ahora. En marzo de 2012, el Consell recaudó 80 millones gracias a aquella medida contra la que incluso se pidió un informe jurídico a los letrados de la Cámara para comprobar que se trataba de una actuación ajustada a derecho. El Parlamento valenciano tenía serias dudas de que los organismos tuviesen la obligación de ceder sus ingresos de remanentes de tesorería hasta el año 2011. Aquella resistencia quedó en el olvido. El PP impuso su mayoría en la Cámara a pesar de que la izquierda, entonces en la oposición, criticó sistemáticamente esas medidas por considerarlas un recorte a la autonomía de las instituciones, algo que se ha mantenido durante los años posteriores, ya con la izquierda en el Consell.