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El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publicó ayer la autorización de una transferencia de crédito de 57,5 millones del capítulo 7 del programa de Política Industrial -la mitad del dinero sale del Ivace y la otra mitad de un plan de la industria valenciana- al capítulo 4 de Labora. Un movimiento de fondos enmarcado en la gestión presupuestaria de la crisis del Covid-19, que en el marco del presupuesto de la Generalitat tiene ya sus primeras consecuencias.
El pasado viernes, la conselleria de Hacienda remitió una instrucción a todas las consellerias para que concreten el gasto que llevan destinado a adoptar medidas contra la pandemia. El documento, que tendrá que actualizarse de forma mensual, pretende efectuar un «seguimiento del impacto presupuestario» de la enfermedad «en relación con las medidas de ingresos y gastos que hayan resultado introducidas por esta situación de pandemia o que puedan presentar relación con esta».
El plazo para la remisión del primer envío finalizó ayer. La solicitud de la concreción presupuestaria destinada a combatir la enfermedad trata de poner cifras a los movimientos -como el publicado ayer en el DOGV- a los que se han visto obligados a adoptar en todos los departamentos para ajustar sus cuentas a la prioridad de poner todos los medios en la lucha contra la pandemia, tanto en materia sanitaria como social y económica.
Un primer paso al que acompañará, previsiblemente, el de la inevitable renuncia a todos los proyectos e iniciativas que no estén directamente vinculados a combatir el enorme golpe socioeconómico que supone la enfermedad -en el caso del acuerdo publicado ayer, las políticas industriales son las damnificadas y las ayudas a los autónomos las que reciben la liquidez-.
Concretar los fondos desembolsados permite además trasladar al ministerio de Hacienda una cuantificación del esfuerzo presupuestario realizado, con el objetivo de reforzar la exigencia de ayudas públicas ante el departamento que dirige María Jesús Montero.
En todo caso, la magnitud de la crisis obliga a replantear la totalidad del presupuesto. Sobre la mesa, en algunos despachos de la administración autonómica, se trabaja ya con un escenario en el que las retenciones de crédito sean una realidad a corto plazo. Un debate que el pasado verano ya provocó un agrio enfrentamiento entre los socios del Botánico, tras la exigencia de medidas de ajuste planteadas por el ministerio de Hacienda como consecuencia del incumplimiento del déficit. «Ahora estamos atendiendo de forma prioritaria la emergencia sanitaria y cuando la lucha contra la pandemia quede atrás habrá que reformular los presupuestos», se admitió ayer desde la conselleria que dirige Vicent Soler.
En todo caso, la percepción en el Palau de la Generalitat es que en esta ocasión no habrá discrepancias respecto a que la magnitud de la crisis abierta obliga a poner todo el esfuerzo presupuestario en la adopción de medidas para combatirla. Otra cosa, se admite, es que algún planteamiento vaya dirigido a que sea exclusivamente el Gobierno central el que corra con los gastos, de manera que la administración autonómica no tenga que renunciar a un presupuesto de 23.000 millones de euros. La posición de Compromís, que el año pasado ya batalló con el conseller Soler para minimizar los recortes en el plan de ajuste exigido por el ministerio de Hacienda, podría acercarse a esa tesis.
Las retenciones de crédito, vista la magnitud de las modificaciones a efectuar, incluso podrían quedarse cortas. «Hay que repensar el Botánico II», admite una fuente, que considera que buena parte del planteamiento de programa y de estructura del pacto de gobierno suscrito por PSPV, Compromís y Unides Podem merecería ser revisado. La apuesta por determinadas áreas y proyectos, o la creación de nuevas agencias y entidades públicas, encajaría poco y mal -se asume- con una situación de crisis en la que ningún recurso que no vaya destinado a atender la pandemia, más allá de los capítulos de gasto corriente, tendrá sentido.
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