Burguera
Martes, 25 de junio 2024, 12:47
La presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler, lleva al frente del organismo cerca de dos años de manera interina. Su mandato caducó en 2022. No obstante, no parece en absoluto incómoda y desde luego el PP o Vox tampoco se sienten ante una institución ... beligerante, como es el caso del Consell Valencià de Cultura o de la Sindicatura de Greuges. De hecho, según ha indicado Soler, «lo llevamos estupendamente». ¿Que deberían renovarse los puestos, entre otros el suyo, al que llegó de la mano del PSPV? Sí, pero como no hay acuerdo porque, entre otras cosas, los socialistas alegan que no van a pactar nada con Vox, pues Soler sigue en el puesto «estupendamente», si bien es cierto que entiende como necesaria una renovación que, por otra parte, impone una legislación que los partidos con representación en Les Corts ignoran olímpicamente.
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«Es positivo siempre que los órganos se mantengan en los mandatos que dicen las leyes por los cuales se han creado y que por tanto los partidos se pongan de acuerdo», ha indicado Soler esta mañana en Les Corts, donde ha venido a entregar a la presidenta del parlamento, la voxista Llanos Massó, la memoria del CJC de 2023. Tan asumida tiene su permanencia en el cargo a día de hoy, que incluso no ha tenido problema, durante su intervención, en despedirse «hasta el año que viene».
La presidenta del Consell Jurídic, no obstante, ha recordado que «hay un mandato en la ley y un mandato en el Estatuto de Autonomía sobre cuál es la duración y la tarea que tienen esas instituciones estatutarias, entre otras las nuestras. Si las leyes establecen unos mandatos y es por algo. Es positivo el que cumpliesen los plazos y que se pongan de acuerdo porque al final un sistema parlamentario es eso. El parlamentarismo es precisamente el dialogar, el acordar y el llegar a un acuerdo entre las mayorías, al menos las que exigen las leyes».
Para la renovación de los miembros del CJC, así como de la Sindicatura de Greuges o del propio CVC, haría falta un consenso entre, al menos, los dos principales partidos, que suman más de sesenta diputados, que es el número de votos necesarios para que se obtengan las mayorías reforzadas con las cuales se desbloquearía el desfase institucional actual. El PSPV alega que no pactará nada con Vox, algo que también señala Compromís, y como el PP mantiene una alianza con los voxistas para sostener el Consell, pues el acuerdo es sencillamente imposible.
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Y ante esa interinidad, Soler asegura que en nada se ve afectada la actividad del CJC. «La verdad es que internamente, como se ve en el fruto de nuestro trabajo, lo llevamos estupendamente. Internamente no nos afecta porque nosotros tenemos unas tareas encomendadas que debemos cumplirlas con el mayor interés, con todos nuestros recursos. Así está demostrado que en el año 2023 hemos hecho incluso más dictámenes que en el año 2022. Por lo tanto, internamente no afecta en absoluto al funcionamiento», ha indicado Soler, que preguntada por la ley de Concordia ha señalado que el CJC no se pude pronunciar por no ser de su competencia.
«Nosotros no podemos tener opinión porque no entra dentro de nuestras funciones. Nuestra función es atender las consultas de las administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos y las universidades, pero como establece nuestra ley de creación, los grupos parlamentarios no tienen esa capacidad (la de interpelar al CJC) y por tanto no entra en nuestras funciones», ha indicado Soler respecto a la posibilidad de pronunciarse sobre la ley que impulsa PP y Vox y que actualmente está siendo tramitada en Les Corts.
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