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El seguro de Divalterra tiene una particularidad. Lo solicitan muchos investigados, pero sólo lo cobran los del Partido Popular. Esta es una de las ... conclusiones de un análisis superficial de los peticionarios (trece) y los beneficiarios (tres). La póliza que firmó la empresa pública para garantizar la defensa de sus directivos ante contratiempos judiciales sólo ha pagado a tres asegurados. Todos ellos exdirigentes del PP. Tal y como informó el pasado sábado LAS PROVINCIAS, el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus, el exvicepresidente primero Juan José Medina y la mano derecha de Rus, Emilio Llopis, han recibido ya 159.000 euros para hacer frente a su defensa en los respectivos procedimientos judiciales abiertos por el caso Imelsa.
Sin embargo, otros 'famosos' investigados en asuntos de corrupción, como el que fuera subdelegado del Gobierno, Rafa Rubio o el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, también acudieron en su momento al auxilio de la póliza. De hecho, en algún caso, parece que las peticiones se produjeron incluso con anterioridad a la de Alfonso Rus. Pero ni Rubio, ni Rodríguez han percibido importe alguno del seguro. Desde el entorno del exdirigente Rodríguez indicaron que han pedido acogerse a la cobertura del seguro, pero no han reclamado un anticipo. Ni tampoco lo esperan, aseguraron. Unas explicaciones un tanto extrañas, por otra parte. Reclamar la atención de la póliza pero no para cobrar cuando otros compañeros ya lo han hecho resulta ilógico. Se ignora si Rodríguez y el resto de acusados en el caso Alquería conocían que Rus y sus colaboradores habían percibido ya ese dinero. La compañía aseguradora mantiene que en el caso de Rodríguez falta documentación de su abogado. Un extremo que no quiso confirmar el propio implicado.
Rafa Rubio está imputado por el caso Azud, de cobro de comisiones por parte del empresario Jaime Febrer, pero antes se enfrenará al juicio de los zombies de Imelsa, personas que cobraban un sueldo sin acudir a trabajar. Pese a la inminencia de la vista, el exdirigente socialista, defendido por el letrado Virgilio Latorre, todavía no ha cobrado. Resulta llamativo que algunos de sus compañeros de banquillo –Llopis y Rus también se encuentran en estas piezas– sí dispongan ya de este colchón económico.
No sólo PP y PSPV tratan de buscar amparo en la póliza de Divalterra. Agustina Brines, una de las dos exgerentes de la empresa pública, también figura como una de las protagonistas de otro siniestro. En su caso, al parecer, también se encuentra pendiente de resolución por algunos problemas con la documentación aportada. En realidad, salvo los casos de los tres dirigentes del PP, todos los expedientes, una decena, se encuentran pendientes de resolución. También se incluyen el de Raúl Pardos o el de Pau Pérez, algunos de los investigados en el caso Alquería por la contratación de altos directivos al margen de la ley.
Marcos Benavent es otro de los que está cubierto por la póliza. El nuevo letrado de Benavent, Juan Carlos Navarro, ya ha contactado con la aseguradora para trasladar su presupuesto. Pero las informaciones de este diario han hecho reaccionar al anterior letrado de Benavent, Ramiro Blasco. Este profesional, que ha representado al excolaborador de la Fiscalía durante seis años, acaba de presentar un escrito ante la correduría para que le informen de la documentación que necesita presentar para que se salden sus honorarios. En la misma comunicación, subraya que se frene cualquier otro honorario «devengado con posterioridad» a favor de otro letrado. Algunas fuentes sostienen que si el exgerente de Imelsa no tenía abierta una incidencia con anterioridad a estas fechas, no podrá beneficiarse de la póliza. El seguro dejó de estar en vigor tras la desaparición de la empresa Divalterra. Otras fuentes, en cambio, mantiene que si los hechos son dentro del periodo de la póliza sí estarían cubiertos.
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