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El caso Azud se ha convertido ya en un pequeño Gürtel para el PSPV, aunque no alcanza la intensidad de la erosión que dejó y sigue dejando ese sumario para el PP. Pero a cinco meses de elecciones, el constante goteo de revelaciones acerca ... de la financiación ilegal del PSPV puede hacer mella. O en el mejor de los casos para los socialistas, puede contribuir a crear un llamativo silencio sobre asuntos de esta naturaleza, capitales para la consecución del primer Botánico.
El sumario, quizá se cierre con más consecuencias mediáticas que judiciales, revela un sistema de amaños de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones para una contabilidad opaca del partido socialista.
El órgano controlado desde la distancias por los dirigentes del PSPV era Acuamed. La UCO sospecha que 'arreglaron' todas las obras del trasvase Júcar-Vinalopó, los cinco tramos en los que se dividió la infraestructura, aunque los indicios más poderosos se asientan en el tramo E, el de mayor importe. Las empresas beneficiadas fueron eran Facsa y Construcciones Luján. Sus responsables se acogieron a su derecho a no declarar cuando fueron citados. Entonces, la causa permanecía bajo secreto de sumario. Pueden solicitar su comparecencia en cualquier momento.
Pero al margen de las principales actuaciones, localizadas en Castellón y Alicante, la documentación incautada a Pepe Cataluña, exjefe de las finanzas del PSPV, apunta a otra obra bajo sospecha.
Los papeles recogen la anotación «Albufera Sur» con importe de 21 millones de euros y las sociedades Sedesa-Comsa. Los datos coinciden en empresas, precio y fecha con la adjudicación publicada en el BOE, concretamente obras respecto a la reutilización de aguas residuales depuradas. Se trataba de un convenio que firmaron en su día Acuamed y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para la ejecución y operación de diversas obras para la generación de nuevos recursos hidráulicos procedentes de reutilización de las aguas residuales.
La jueza, en uno de los autos que recoge los principales indicios de esta pieza separada, aporta este dato para resaltar las sorprendentes vinculaciones de Cataluña con adjudicaciones públicas cuando, en apariencia, se había desligado del PSPV.
Sedesa ha sido una empresa señalada por su proximidad al PP. La sociedad, presidida en su día por el exconseller Juan Cotino, ya fue condenada por la financiación ilegal de los populares en los comicios de 2006 y 2007. La firma aparece también en el germen del caso Erial, con el pago de supuestas comisiones en sociedades en el extranjero al expresidente Eduardo Zaplana tras beneficiarse de las adjudicaciones de los parques eólicos y la privatización de las ITV's. Las plusvalías de estas operaciones superaron los 80 millones de euros.
Se da la circunstancia de que es precisamente el mismo periodo que ahora se analiza en el caso Azud. Así, según los respectivos sumarios, los dos partidos disponían de una caja B para costear gastos electorales al margen del Tribunal de Cuentas.
Los papeles de Cataluña invitan a la sospecha en la obra de Valencia. ¿Por qué el exdirigente del PSPV tenía anotada esa actuación en su agenda? Pero, además, hay otros hechos que llevan a vincular al responsable con prácticas supuestamente poco ejemplares.
Los agentes encontraron una hoja en la que se dividía cada tramo del citado trasvase y apuntaban determinadas empresas. Se da la circunstancia de que en 2006 se publicaron las adjudicaciones provisionales de todos estos contratos, resultando en todos los casos coincidentes las adjudicatarias con las señaladas en el documento de Cataluña. La hoja decomisada por la UCO apareció dentro de una agenda de 2007.
De igual modo, en el dormitorio de Cataluña en Gilet, se intervino un sobre con el anagrama del PSPV y con la inscripción manuscrita por el exjefe de las finanzas de los socialistas. En otra de menor tamaño aparecía el nombre de Fundació Societat i Progrés, una entidad vinculada directamente al partido. Además, los investigadores se encontraron con un listado a mano de diez empresas. Se da la circunstancia de que todas las mercantiles menos una aparecen finalmente como las adjudicatarias del trasvase.
Y todo esto en una persona alejada supuestamente del PSPV desde hacía varios años. De hecho, en 2004 dejó la dirigencia de la organización para formar parte del consejo de administración de Bancaja, una de las cajas que desapareció primero con la crisis económica y posteriormente con su fusión con Cajamadrid. Vicent Sarrià le sustituyó en el PSPV, otro diputado marcado por Azud.
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