La subsecretaria de Bienestar declara en Gürtel: «No recibí indicaciones de la consellera»

El juicio de la pieza V de la trama Gürtel, la única que queda con vinculación valenciana, se ha retomado este martes después de la suspensión acordada hace una semana por la huelga de funcionarios y tras otros contratiempos que han obligado ampliar el calendario de esta vista hasta el próximo verano. El juicio a Francisco Camps, por tanto, coincide en plena campaña electoral.

Las testificales se reanudaron con Adoración de Rufino, la que fuera subsecretaria de Bienestar Social. La testigo es funcionaria de carrera desde hace más de 35 años por lo que, en teoría, no se le presupone ninguna lealtad hacia los responsables políticos. La mujer ha asegurado que nunca recibió ninguna indicación de la entonces consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, para decantar ninguna contratación a favor de determinados intereses. «No lo hubiera consentido», ha subrayado.

De igual modo, ha defendido la contratación menor, una fórmula perfectamente «legal» y que emplean las administraciones con frecuencia. Respecto a las contrataciones bajo sospecha por parte de la Fiscalía, la testigo ha manifestado que contaban «con la propuesta, el informe y, por tanto, se procedió como siempre, como otras veces». «La consellera no participaba ni en la contratación mayor ni tampoco en la menor», ha aclarado a preguntas de la acusación pública.

También ha comparecido Inmaculada Villaplana, secretaria de Auxiliadora Hernández, la que fuera directora del Instituto de Evaluación y Calidad Educativa. La testigo no ha recordado haber recibido algunos correos que le ha mostrado la Fiscalía. «Se los pasaría a la directora», ha indicado. Respecto a uno de los presupuestos ahora cuestionados ha dicho que ella no se encargaba de esas tareas.

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