La subvención a la fundación ELLIS no debió ser a dedo

La Fundación ELLIS ha sido polémica desde su creación y constitución en Alicante. Primero, porque uno de los socios fundadores fue el marido de la consellera de Innovación, de quien cuelga este centro privado. Y, sobre todo, por la ayuda directa que el Consell aprobó para la fundación, por importe de 1,5 millones anuales, sin concurso.

Ahora, la Sindicatura de Comptes ha analizado la ayuda del año 2020 que el Gobierno valenciano realizó a la fundación ELLISpara llevar a cabo unas encuestas covid. Para ello, Presidencia habilitó a la investigadora Nuria Oliver como comisionada del Consell para la inteligencia artificial y el estudio de datos contra el coronavirus. En su día, se explicó que el cargo no suponía remuneración. Sin embargo, la presidenta de ELLIS ha facturado su trabajo para la Generalitat a cuenta de la ayuda que el Ejecutivo dio a su fundación. En concreto, de los 120.000 euros de la ayuda, sólo se emplearon 63.899 euros. De ese importe, 36.300 fueron para pagar servicios facturados por la investigadora principal tanto para la realización parcial de las encuestas como para su divulgación. Como resultado de las actuaciones efectuadas por la Generalitat, quien concedió la subvención, el pasado septiembre, se propuso el reintegro del 48,9% de la subvención por importe de 58.643 euros, por haber incumplido las obligaciones del acuerdo.

La Sindicatura alerta, además, de que el Consell acordó la urgente necesidad de realizar labores de investigación y análisis de datos para hacer frente a la pandemia, utilizando para ello las ventajas de la inteligencia artificial. Pero, en el expediente que se armó para dar la ayuda a la fundación ELLIS, «no se acreditan razones objetivas que dificultan la concurrencia pública para la realización de la actividad subvencionada, incumpliéndose la ley».

Respecto a las actividades que se subvencionaron, dice el informe que «no se detallan los proyectos concretos a ejecutar por la fundación, sino actuaciones de carácter genérico». Además, el centro incluyó gastos de puesta en marcha y de funcionamiento del organismo, algo que los auditores recuerdan que «no guardan relación directa con la urgencia que motivó la concesión directa de la subvención», por lo que se debió sacar a concurrencia.