El sudoku de las cuentas heredadas del Botánico

El 17 de julio del año pasado Carlos Mazón tomaba posesión como president de la Generalitat. Desde ese instante, el jefe del Consell ha sido consciente de la endiablada situación financiera de la Generalitat, una mezcla de déficit descontrolado, deuda imparable y descontrol del sector público. Ingredientes a los que se suman las exigencias del independentismo para que Cataluña disponga de una financiación equiparable a la de País Vasco y Navarra. Y más recientemente la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de renunciar a proponer unos presupuestos generales del estado para 2024. Todas ellas, medidas o decisiones que -unidas al objetivo de estabilidad que propone el ministerio de Hacienda- recortan el margen financiero de la Comunitat.

Los números rojos de la Comunitat Valenciana se han multiplicado por cuatro en el periodo comprendido entre 2009 -15.000 millones de euros- y 2023 -57.000 millones de euros-. Respecto al PIB, la valenciana es la que más deuda acumula, con un 41%. También es la de mayor deuda respecto a sus ingresos corrientes (un 332%), y la segunda con más deuda per cápita, con 10.389 euros. Las causas de esa deuda tienen que ver con la no cobertura de las necesidades de financiación pactadas -más de 21.000 millones- a lo que se añade la derivada de la infrafinanciación relativa -otros 15.000 millones- y costes financieros de 6.500 millones. En total, asumir todas esas insuficiencias por parte del Estado superarían los 43.000 millones de euros.

La diferencia entre ingresos y gastos durante el año 2023 -el último dato que se acaba de dar a conocer- alcanzó los 3.358 millones de euros, un recorte destacable respecto a los 3.860 millones del ejercicio 2022. Se trata, no obstante, de un 2,45% del PIB, una cifra muy superior a las estimaciones con las que había trabajado, por ejemplo, la AIReF, que llegó a vaticinar para la Comunitat unos números rojos del 1,5% de su PIB.

El Consell de Mazón se ha encontrado desde su llegada a la Generalitat con seis agencias fantasma -creadas pero sin personal ni presupuesto, y con funciones que ya ejercían otros órganos, contrataciones sin el visto bueno de Hacienda e incluso intentos de enchufar en una empresa pública a 800 empleados que no existían. Intervención y Sindicatura han encontrado irregularidades en la mayor parte de empresas públicas.

Nada más conocerse la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña, el Gobierno de Pedro Sánchez comunicó que renunciaba a elaborar Presupuestos Generales del Estado para 2024. Una decisión que en la práctica supone congelar las nuevas inversiones previstas –y algunas anunciadas– en la Comunitat, y mantener el ninguneo de 2023. En cuanto a la financiación autonómica, el ministerio de Hacienda ha anunciado que mantendrá la actualización de las entregas a cuenta comunicada a las CCAA el pasado mes de diciembre. Pero mientras toma esa decisión –una diferencia de casi 1.800 millones de euros– ni las inversiones ni el fondo de nivelación que exige la Comunitat verán la luz.

Lo que el ministerio de Hacienda ha anunciado, tras el segundo rechazo de la senda de estabilidad en el Senado, es que el 0,1% de déficit autorizado a las CCAA se convertirá en un 0%. La Comunitat Valenciana elaboró sus presupuestos con un déficit del 0,3% -unos 430 millones de euros-. Mantener ese porcentaje, si el Gobierno cumple su amenaza, supondría situarse fuera de la ley de Estabilidad. «El Gobierno es quien ha decidido quedarse con todo el déficit que permite Bruselas y así poder seguir dando privilegios a los independentistas», se señala desde el Consell.

El presidente catalán Pere Aragonés ha anunciado que su partido condicionará su apoyo parlamentario al Gobierno de Sánchez a la aprobación de un modelo de financiación singular para Cataluña que, de esta manera, abandonaría el régimen común y dispondría de un cupo similar al del País Vasco y Navarra. Una posición que, en primer lugar, retrasa el debate de la reforma de la financiación. Y que además recortaría los ingresos de las CCAA del régimen común, como la valenciana. El Consell rechaza firmemente cualquier negociación bilateral para pactar una negociación singular para Cataluña.

El ministerio de Hacienda ha venido reprochando a las CCAA que como la valenciana bajan impuestos que, después, exijan más financiación. Un argumento que, en realidad, obvia que la financiación ya estaba muy por debajo de la media desde el año 2002. Además, la rebaja de impuestos aprobada por el Gobierno de Mazón permite que la presión fiscal de la Comunitat converja con la media de las CCAA, después de que el Consell del Botánico la situara claramente por encima, como en el caso del IRPF o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

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• Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana ( PGCV )