El Supremo prorroga la investigación al fiscal general ante la «inexistente colaboración» del imputado

El auto señala que, de acuerdo a la doctrina de la Sala, el primer plazo para concluir la investigación en las presentes diligencias previas, que se incoaron por auto de 30 de octubre de 2024, se extendería hasta el 29 de octubre de 2025, sin necesidad de prórroga alguna. Ahora, esta complicada investigación podría extenderse hasta abril de 2026 gracias a esta primera prórroga. Que podría no ser la única, según adelanta el instructor.

En su resolución, el juez admite que durante el registro del 30 de octubre en su despacho de la Fiscalía General en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautó de sus dispositivos, Álvaro García Ortiz mostró su «total colaboración» con los agentes. Sin embargo, las «diligencias practicadas» posteriormente han «puesto de relieve que ha sido inexistente (la colaboración) en orden al esclarecimiento de los hechos». Básicamente –explica Hurtado- porque el fiscal general ha «hecho desaparecer la información que pudiera encontrarse en sus distintos dispositivos». Un borrado de datos generalizado que «ha debido ser suplido mediante una investigación tecnológica de no poca complejidad».

Y no solo. La cancelación de datos y el cambio de terminales llevados a cabo por el fiscal general, recuerda el instructor, ha «hecho necesario» pedir la colaboración internacional, por lo que en el momento actual hay que «estar a la espera del resultado de unas comisiones rogatorias remitidas a Irlanda», a donde se ha pedido a Google y Meta copias de seguridad de los mails de Gmail y de los mensajes de WhatsApp borrador por Álvaro García Ortiz. Recuerda el juez Hurtado que es «previsible» que esa información no llegue antes del 24 de marzo, cuando se cumpla un año de la apertura de este procedimiento, «y que, incluso, a resultas de lo que ellas aporten, pudiera ser necesario la práctica de alguna otra diligencia de investigación más», indica el auto.

El pasado 24 de febrero, el juez ya denunció en otro auto que es una «evidencia» que el fiscal general «ha hecho desaparecer pruebas». Lo hizo después de constatar que García Ortiz borró en dos ocasiones los datos de su móvil el 16 de octubre de 2024, solo horas después de que el alto tribunal anunciara la apertura de una causa contra el fiscal general, y que cambió su terminal el 23 de octubre, una semana antes de que la UCO registrara su despacho y requisara su móvil.

Aunque el juez invoca, entre otras cuestiones, la necesidad de esperar la respuesta de las comisiones a Google y Meta, lo cierto es que tanto en el Supremo como en la propia UCO no tienen esperanza alguna en que los gigantes tecnológicos entreguen las copias de seguridad, vistos los numerosos precedentes internacionales en los que se han negado de manera rotunda a facilitar cualquier tipo de información personal de usuarios acusados de delitos mucho más graves de que los de revelación.