Sánchez torpedea la hoja de ruta de Ximo Puig para seguir en la Generalitat

Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo que reformaría el sistema de financiación autonómica que tanto perjudica a la Comunitat. Lo dijo en campaña electoral y se comprometió ante Joan Baldoví a tenerlo en ocho meses. Era enero de 2020. Febrero de 2023 sigue sin ver el nuevo modelo por ningún lado. Y no sólo eso. Ni palabra del fondo transitorio hasta que se apruebe el nuevo sistema, ni garantía alguna de que se vaya a condonar la parte principal de los 53.000 millones de deuda, generada en buena medida por esa infrafinanciación. Tan grave es, que Puig ha dejado de reclamar el nuevo sistema. Con una región que acumula año tras año números rojos, que eleva el gasto muy por encima de lo que crecen sus ingresos... y con un Consell que no dudó en manifestarse contra el Gobierno de Rajoy, pero que se pone ahora de perfl ante Sánchez, la financiación es asunto tabú que retrata la nula influencia de Puig ante el Ejecutivo central.

La prueba del algodón de que Sánchez se ha convertido en un calvario para Puig se comprobó con la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Unas cuentas que, como todos los años, cuentan siempre con el drama añadido de un nivel de ejecución más bien escaso. Y que en esta ocasión introducían una bomba de relojería: dejar Alicante a la cola de inversión de todas las provincias de España. No por debajo de la media, no. La peor. Sólo la respuesta inmediata y contundente de la sociedad alicantina provocó que se acabara corrigiendo parcialmente el patinazo. Y aún así, el malestar en esa provincia -la más afectada por otro de los frentes abiertos, el del Tajo-Segura- es particularmente grave para los intereses de Puig. Porque Alicante es la circunscripción en la que el PP valenciano cuenta con más apoyos. Y adoptar una posición de 'castigo' como la que suponían esas escasísimas inversiones, o el hachazo al trasvase, constituye una zancadilla a las opciones electorales de Puig. Un drama para las expectativas del Partido Socialista.

Ximo Puig se ha declarado un firme defensor de la descentralización de instituciones y entidades. Durante muchos meses, el presidente valenciano protagonizó diversas intervenciones en las que hizo bandera de la defensa de ese perfil federalista que tanto le gusta exhibir. Una forma de abordar el debate respecto al estado de las autonomías, quizá con la esperanza de encontrar una vía que acomodara a Cataluña en el conjunto de España. Se habló del Senado, de Puertos del Estado, del Tribunal Constitucional, del Museo del Prado... hasta que, llegado el momento -mayo del año pasado- el Ejecutivo central contestó a las propuestas de Puig y le dijo que sí, que descentralización toda, pero únicamente de nuevos organismos. Nada de que la sede de Puertos del Estado fuera a Valencia, parte del Senado a Barcelona o el Tribunal Constitucional a Cádiz. Así que la posición del presidente valenciano ha tenido que cubrirse en el propio ámbito de la Comunitat, con decisiones como la ubicación en Alicante de entidades como una parte de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) o la propia conselleria de Innovación y Universidades. Una solución de escaso impacto, que no disimula el portazo que el Ejecutivo central le dio al presidente valenciano con su propuesta inicial.

La última cumbre de Quiero Corredor celebrada en Barcelona, un acto multitudinario con una destacada presencia empresarial y con la presencia de la ministra Raquel Sánchez, permitió visualizar una vez más esa demanda colectiva que supone el impulso a la conexión ferroviaria desde Algeciras con la frontera francesa. Una demanda tan exitosa, tan asumida, que hasta la propia ministra se sumó a ella a pesar de que la reivindicación va... al Gobierno al que pertenece. La reivindicación del corredor mediterráneo es constante, y después de cuatro años de Gobierno socialista cuesta sostener el discurso de que la responsabilidad del retraso todavía pertenece a los Gobiernos populares. En los dos últimos años, cierto es, se han puesto obras en marcha. Pero que a estas alturas no se conozca el resultado de las alegaciones para conocer el trazado definitivo del túnel pasante -16 meses después- lo dice todo del impulso real de una infraestructura que debe de ser clave para el futuro desarrollo económico de la Comunitat.

El sorprendente caso de algunos de los planes de ayudas diseñados por el Gobierno central y su impacto en la Comunitat Valenciana merece una reflexión. El DOGV acaba de publicar la devolución de casi 300 de los 650 millones de euros en ayudas para pymes, aprobadas por el Gobierno como parte de sus iniciativas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Casi la mitad de fondos devueltos al Estado, precisamente por las leoninas condiciones puestas por el Ejecutivo central para acceder a las mismas. El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), Vicente Nomdedeu, acaba de advertir que «muchas empresas» del sector no superarán el «más que complicado» momento que atraviesan si no reciben ayudas directas «rápidamente», y ha insistido en que las compañías «no pueden ir a la marcha de los políticos». Nomdedeu ha criticado que «en la orden ministerial» de las ayudas de 450 millones de euros del Gobierno para la industria gasintensiva «aparece» que estas se resolverán «en abril del año que viene, y luego para que sea realidad y se entreguen» transcurrirán «otros meses más». «No sabemos cuántas empresas quedarán en abril del año que viene o a finales de este año», ha lamentado.

El Gobierno central, por ley, debería hacerse cargo de la mitad del gasto de la dependencia en la Comunitat. Ni por asomo. Sánchez ha alternado incumplimientos y mentiras durante los últimos cinco años. En octubre de 2018, Puig se reunió con Sánchez en la Moncloa y se comprometió ha pasar del 12% en aquel momento al 50% legal. El presidente de la Generalitat admitió que si antes de acabar 2019 se alcanzase el 25% ya sería «una buena noticia». Nunca pasó. Llegó 2020 y Sánchez necesitaba ser presidente. Pactó con Compromís otra vez lo mismo. Que en cuatro años el Gobierno llegaría a ese 50%, con la promesa de alcanzar el 25% en 2022. Jamás se cumplió. En realidad, vamos a peor. El Gobierno central no llega al 13% de la aportación. Ahora estamos algo peor. El gobierno central no llega al 13%. Según la última estimación realizada por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que es la competente en esta materia en la Comunitat, sólo entre 2015 y 2021 (de 2022 todavía no está la liquidación) desde el Gobierno central se debería haber pagado casi 2.100 millones. Pero el Ejecutivo central no lo ha hecho, de modo que ha sido la Generalitat la que ha tenido que sufragar un montante que equivale al presupuesto completo de un año de esa conselleria. Al margen de la infrafinanciación general, el Gobierno ejerce otra particular en materia de servicios sociales. Particular, paralela, sumergida e ilegal.

A finales de diciembre se conoció la decisión del Gobierno central sobre dónde ubicará las sedes nacionales de dos agencias tecnológicas a las que optaban Alicante y Elche. Hasta Sevilla se fue la Agencia Espacial Española. En A Coruña estará la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial (ASIA). Al Estado no le influyó lo más mínimo que el presidente Puig acudiese a Madrid para promocionar ambas candidaturas. La presencia en el Consejo de Ministros de una valenciana, Diana Morant, a la sazón ministra de Ciencia e Innovación, pesó nada y menos en la elección de las sedes para dos agencias de marcado carácter tecnológico, una de ellas vinculada al propio ministerio de Morant.

El Consell levantó todos los teléfonos posibles con el fin de organizar un acto de respaldo político, institucional y empresarial que en noviembre sirvió para arropar en Madrid la presentación de las candidaturas de Alicante a ser sede de la Agencia de Inteligencia Artificial, y de Elche, de la Agencia Espacial Española.

Puig se puso al frente de esta aspiración. La Generalitat organizó en el CaixaForum de la capital un acto que reunió a decenas de representantes de la Comunitat. No sirvió de mucho. Más bien, de nada.

En febrero de 2020 Les Corts (con el respaldo del PP, el PSPV, Compromís y Podem, y de los diputados no adscritos que dejaron Ciudadanos a lo largo de la legislatura), plantearon al Congreso la recuperación efectiva del Derecho Civil Valenciano por el cauce constitucional previsto en el art. 167. Esta modificación, pese al apoyo político transversal (hace unos meses también Ciudadanos se sumó a la causa) y el respaldo social y municipal, que supera los 541 municipios, no fructificó. La intención del PP y PSOE nacionales es circunscribir la reforma constitucional al artículo 49, sin incluir el derecho valenciano. Por ello la Associació de Juristes Valencians acordó hace diez días enviar un manifiesto a los líderes del PSOE y PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, para mostrarles la «decepción» y la situación de «hartazgo» ante los «constantes incumplimientos» políticos sobre las «necesidades e intereses» de la Comunitat, como es la ausencia de la inclusión del derecho civil valenciano en la reforma de la Constitución. El documento irá acompañado de una recogida de firmas. Ninguneo.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico aprobó la semana pasada dar luz verde a un proyecto de parque solar en las comarcas de Castellón denominado 'Magda'. Compromís y Podemos salieron en tromba a criticar la medida. El PP y Ciudadanos también. Incluso el PSPV admitió que los alcaldes de la zona afectada tienen razón. Hasta el punto que la Diputación de Castellón aprobará el próximo martes en el pleno una moción conjunta de los grupos Socialista y Compromís en la que se insta al Gobierno de España a paralizar y no admitir el proyecto. Ambas formaciones, PSPV y Compromís, consideran que las dimensiones de la planta aprobada son «desproporcionadas» y que la distancia entre las plantas previstas resulta «excesiva». Además, creen que conllevará «importantes afecciones» sobre el territorio y medioambientales, así como «ineficacia energética» por pérdidas de tensión. El ministerio aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un proyecto que precisa de instalaciones y líneas de evacuación que se ubicarían en territorio de los municipios de les Coves de Vinromà, Vilanova d'Alcolea, la Torre d'en Doménec, Benlloc, Alcalà de Xivert, Torreblanca, la Vall d'Alba, Cabanes, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Castelló de la Plana y Almassora.

El Gobierno central no tuvo inconveniente en dejar al Consell como un incompetente cuando en enero recortó el trasvase. Engañado, ignorado y ninguneado frente a las tesis hídricas más restrictivas que defiende el Gobierno de Castilla La Mancha que preside el socialista Emiliano García Page. El documento del Plan Hidrológico del Tajo que llegó al Consejo de Estado, remitido por el Ministerio, no era el que aprobó el Consejo Nacional del Agua el pasado mes de noviembre. Así lo asegura el Consell. Dio lo mismo. Finalmente, el viernes pasado, el recorte hídrico quedó oficializado a través del BOE. Al Gobierno valenciano no le queda más salida que acudir a los tribunales.

El recorte hídrico supone un varapalo brutal para Puig en el territorio donde el tripartito cuenta con menos apoyo. El tijeretazo al trasvase afecta especialmente a Alicante. El Consell aprobó el viernes en Orihuela el recurso contra el recorte. El recorte que supondrá el incremento del caudal ecológico que conlleva de la aplicación del Plan Hidrológico del Tajo será de unos 105 hectómetros cúbicos anuales, casi la mitad de la cantidad que ha estado llegando en los últimos años a las tres provincias. Puig ha anunciado la subvención del coste del agua desalada. El Gobierno valenciano intenta así detener la sangría que supone la decisión de Sánchez. Una más.