«Las tarifas de À Punt son una vergüenza pero hay que estar dentro porque cambiarán»

La apertura de À Punt fue vista como una gran oportunidad de negocio para muchas productoras de televisión de la Comunitat Valenciana. Un cliente que podía dejar en caja muchos miles de euros cada temporada. Los empresarios Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, y los hermanos Adell Bover, trabajaron para meter la cabeza en el listado de contratos de la nueva televisión valenciana. El problema es que al final la mesa de contratación pilló a los empresarios pactando precios para ganar un concurso, algo que no está permitido por la Ley de Contratos del Sector Público.

En mayo de 2018, desde À Punt se pusieron en contacto con Francis Puig para trasladarle el listado de tarifas que la cadena pagaba a las empresas que cubrían el servicio de corresponsalías. El hermano del presidente de la Generalitat, de inmediato, reenvió el correo electrónico a Juan Adell Bover. Este se lo reenvió a su hermano con esta reflexión: «Esto es de vergüenza pero hay que estar dentro porque eso cambiará...».

Los hermanos Adell Bover saben que no se pueden quedar fuera del reparto de corresponsalías de À Punt y que, aunque en este momento las tarifas no cubren las expectativas, creen que en un futuro el precio cambiará por los cambios políticos que se pudieran dar. De hecho, en el momento de la conversación en el Botánico las fuerzas entre el PSPV y Compromís todavía estaban igualadas. Tras las elecciones de abril de 2019, los socialistas tomaron varios cuerpos de ventaja en el hemiciclo parlamentario.

Este intercambio de correos está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga si los hermanos Adell Bover cometieron fraude de subvenciones por la percepción de subvenciones públicas de la conselleria de Educación para el fomento del valenciano. Una extrabajadora de Canal Maestrat, una de las productoras de estos empresarios del audiovisual del Castellón, presentó la denuncia y señaló que Francis Puig era el ideólogo para cobrar las ayudas públicas de distintos departamentos de la Generalitat. El hermano del jefe del Consell, según relató la denunciante, decía que nunca había que pedir más de 60.000 euros de ayuda para no tener que entregar por adelantado la documentación. Al estar por debajo la aportación, los beneficiarios sólo tenían que justificar a posteriori el dinero recibido. Los Adell Bover, por ejemplo, en el listado de justificación llegaron a presentar 14 facturas clonadas con el mismo precio.

La denunciante declaró que en varios eventos escuchó a decir a los empresarios que una victoria electoral de Ximo Puig les reportaría importantes beneficios: «Nos vamos a forrar».

À Punt, en 2018, adjudicó por la vía del contrato menor varias corresponsalías a diversas productoras comarcales. Entre los elegidos estaban las empresas Comunicacions dels Ports y Canal Maestrat. La primera es del hermano del presidente de la Generalitat –fue contratada por 9.000 euros– y Canal Maestrat, de la familia Adell Bover.

La Sindicatura de Comptes recomendó a la cadena pública que no mantuviera las contrataciones por vía directa y que convocara un concurso para adjudicar las corresponsalías por lotes. De esta manera, Francis Puig y la familia Adell Bover tenían que competir con otras productoras para optar al servicio de imágenes.

En un principio, tanto Comunicacions dels Ports como Canal Maestrat y Kriol no vieron amenazada su posición en las comarcas del interior de Castellón y puntuaron con la máxima nota en varios de los lotes. La mesa de contratación, tras revisar las puntuaciones, detectó que se había dado un pacto de precios entre varias sociedades para quedarse con los lotes. Comunicacions dels Ports, propiedad del hermano de Ximo Puig, logró la mejor baremación en el lote 1 pero se retiró del concurso de manera voluntaria después de que À Punt reclamara explicaciones y parte de la documentación. Francis Puig desapareció del proceso al verse descubierto. Los Adell Bover trataron de sobrevivir pero al final fueron excluidos –se habían hecho con algunos lotes– al descubrir la cadena pública que varias de las empresas presentadas compartían domicilio social y que también habían hecho un ajuste de precios para llevarse el concurso.

El PP ha pedido, a través de la presidencia de Les Corts, que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia remita el informe elaborado tras la denuncia de À Punt al sorprender a estas empresas de televisión incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público. Además, los partidos del Botánico desestimaron la petición de los grupos de la oposición para que la mesa de contratación explicara en la Cámara lo sucedido en el concurso.