Un tasador de la trama de los colegios confiesa a la UCO que un empresario de Azud le ofreció dinero

Los agentes han interrogado a una serie de responsables vinculados directa o indirectamente con Tinsa. Los tasadores, por ejemplo, no pertenecen orgánicamente a la citada sociedad. Cobran alrededor de un 30% del coste final de la evaluación económica. Un arquitecto que se encargó de la tasación de uno de los solares ahora bajo sospecha ha admitido que el encargo se lo dio el propio interesado, una fórmula que tampoco era extraordinaria en la forma de proceder de Tinsa. Así, en ocasiones, era el tasador el que tenía el cliente y lo llevaba al organismo supervisor.

Este encargo se lo hizo Miguel Montoro, una de las familias salpicadas en el caso Azud y que tenía una cuenta con 600.000 euros donde también figuraba el exconseller Rafael Blasco, condenado por el caso Cooperación. «No recordaba que esas tasaciones fueran para el Ayuntamiento de Valencia», ha declarado. El experto rechaza las fechas que aparecen en la tasación. Cree imposible que ese trabajo pudiera realizarse en dos días, según la documentación que consta en la causa. «Por lo menos una semana».

No recordaba una reunión con Miguel Montoro. Pero la UCO le mostró la agenda del empresario y terminó por reconocer el encuentro. Más interesante fue el contenido de esa cita en un despacho de la plaza del Ayuntamiento de Valencia. «Me ofreció dinero, pero no lo acepté». No concreta qué cantidad ni el motivo de esa propuesta.

La incertidumbre de su comparecencia aumenta cuando se le pregunta el motivo de que este arquitecto facturara años más tarde 10.000 euros a Mediterránea de Actuaciones Integradas (Mai), la empresa implicada en las parcelas de los colegios. «Hice tres informes de valoración, tengo las facturas y la documentación, pero no los quiero aportar».

Las citadas tasaciones incorporaban dos métodos de evaluación económica. Por un lado, el residual dinámico que tiene en cuenta el factor tiempo. Se tiene en cuenta siempre que la construcción no va a empezar antes de un año. Y a mayor tiempo, menor valor respecto a la otra fórmula utilizada, la del estático. En los supuestos analizados se establecieron periodos de siete y ocho años.

El juzgado ha citado a los trabajadores de Tinsa para que ratifiquen sus declaraciones en sede judicial. Lo harán todos como testigos. El magistrado que recientemente ha asumido la causa ante la baja de la titular del juzgado ordenó recientemente a Tinsa que se entregara toda la documentación relacionada con las citadas tasaciones. De igual modo, desde la sociedad tendrán que facilitar cualquier aclaración que precisen los especialistas. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la tasación se hizo a la baja para beneficiar a los empresarios. El perjuicio para el Consistorio -calculan- fue de 14 millones de euros.

Esta operación se desarrolló en la etapa de Rita Barberá en el Consistorio. La investigación, siempre de manera indiciaria, ha permitido involucrar en esta mecánica a los principales investigados en el caso Azud. Por un lado, los populares. El vicealcalde Alfonso Grau y el cuñado de Barberá, José María Corbín, el letrado que cobró comisiones por adjudicaciones del Ayuntamiento y de empresarios con intereses municipales, siempre según la UCO. Determinada documentación apunta a que la mano derecha de la alcaldesa pudo recibir más de un millón de euros de este negocio.

El caso Azud comenzó a investigarse en secreto en 2017. Desde entonces se han desarrollado al menos dos grandes operaciones policiales. Siete años después no hay ninguna pieza cerrada. El asunto se ha convertido en un macrosumario de complicado trámite.