Tauroni anuncia que devolverá 25.000 euros del dinero malversado en Cooperación

valencia. Augusto César Tauroni, el cabecilla de la trama de ONG que saqueó la Conselleria de Solidaridad, ha hecho ya un primer movimiento de cara a la conformidad que planea pactar con la Fiscalía Anticorrupción. El empresario, que cumplió seis años de prisión por el caso Cooperación y salió de la cárcel el pasado mes de febrero, fue absuelto de responsabilidad contable en el procedimiento que se siguió en el Tribunal de Cuentas. Tras este pronunciamiento favorable, Tauroni tiene derecho a cobrar algo más de 25.000 euros, que se corresponden con el pago de las costas.

Esta cantidad debe ser abonada por la Generalitat Valenciana, que ejerció la acusación contra el empresario. Mientras el resto de los responsables políticos fueron condenados, Tauroni esquivó cualquier tipo de responsabilidad. Ahora ha presentado un escrito en el Tribunal de Cuentas en el que solicita que nada más se satisfaga la citada suma se transfiera a la cuenta de consignaciones de la sección Quinta de la Audiencia de Valencia, a la pieza abierta para cubrir la responsabilidad civil de Tauroni.

El empresario ha mostrado desde hace meses su predisposición a aceptar una conformidad con las acusaciones para reconocer su culpabilidad y beneficiarse de una rebaja de pena, que se quedaría en menos de tres años de prisión, según los términos que se barajaron en su día. En similares condiciones se cerraría para el exconseller Rafael Blasco, que sigue en la cárcel de Picassent.

No obstante, la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat -se resistía a seguir el acuerdo del Ministerio Público- no firmarán si antes no ven el dinero con el que compensar al Gobierno autonómico por la malversación de fondos públicos.

Los 25.000 euros quedan muy lejos de la cantidad total que debe entregar el empresario. La cifra final ronda los 700.000 euros. Tauroni ya ha puesto a la venta los dos apartamentos de lujo que compró en Miami. La idea sería vender cada uno de los inmuebles por unos 700.000 euros. Pero existe un problema: los pisos fueron decomisados por el juzgado y deberían servir para responder de la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que juzgó la primera pieza del caso.

Esto genera una situación anómala ya que el empresario pretende utilizar este patrimonio para saldar su responsabilidad en las otras dos causas, donde se investiga el fraude en la concesión de subvenciones a diferentes ONG y el fallido hospital en Haití. Además, los bienes, entre los que se incluye un barco, no están libres de cargas. Uno de los pisos arrastra una hipoteca de 300.0000 euros, que debería saldarse con la venta del inmueble. De momento, no han dado con un comprador, aunque sí hay inversores que han mostrado interés.

El juicio de las dos piezas restantes está previsto para mediados del próximo año. Sin embargo, las fuentes consultadas aseguraron que el proceso no llegará a celebrarse porque las partes llegarán antes a una conformidad. La más reticente es la coordinadora de las ONG, que ejerce la acusación particular, y no está de acuerdo con algunas rebajas de pena.