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Augusto César Tauroni, el empresario que logró desviar fondos destinados a la Cooperación para intereses privados, agota sus últimos días en la cárcel. Instituciones Penitenciarias confirmó recientemente que el interno, uno de los cabecillas de la trama de saqueo que capitaneaba el exconseller Rafael Blasco, cumplirá su condena el próximo 23 de febrero.
El Tribunal Supremo le impuso en su día seis años de prisión. A esa cifra se le ha descontado el tiempo que Tauroni llevaba en prisión provisional, desde febrero de 2012. Hay que recordar que fue el único de los detenidos en la macrooperación policial que ingresó directamente en la cárcel. El resto quedó en libertad. Y allí estuvo hasta la celebración del juicio en el Tribunal Superior de Justicia. La sospecha de que tenía dinero en el extranjero y el consiguiente riesgo de fuga le mantuvo entre rejas desde el arranque de la causa judicial.
Esta circunstancia hará que sea el primero de los principales acusados en dejar la prisión. Quedará en libertad, además, a la espera de que avancen las otras investigaciones judiciales en las que también desempeñó un papel relevante. Se trata de las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, las subvenciones a pequeñas ONG´s y la construcción del fallido hospital de Haití. Ambos asuntos están pendientes del recurso a la Audiencia.
La previsión es que el juicio por esas graves irregularidades se celebre este año. Pero una hipotética condena podría recurrirse, lo que no asegura una sentencia firme hasta 2019. El empresario también figura en las pesquisas abiertas a raíz de los contratos de informática que Rafael Blasco concedió cuando estaba en la Conselleria de Sanidad. Pero esta causa se encuentra en una fase embrionaria.
Así, Tauroni saldría sin ninguna amenaza de regresar a la cárcel en un horizonte temporal cercano. El empresario no ha perdido el tiempo en la cárcel. El interno ha aprovechado para sacarse la carrera de Derecho con un expediente brillante. Se trata de un fenómeno que no resulta extraño entre condenados primarios, aquellos que entran por primera vez en prisión. Deciden estudiar no únicamente por cómo plantear sus estrategias de defensa sino que es una oportunidad en el mercado laboral una vez salgan de prisión y comprueben cómo sus sectores anteriores están cerrados o vetados para personas con su historial. Por ejemplo, uno de los acusados en el desfalco de la depuradora de Emarsa, el exalto cargo de la Epsar, José Juan Morenilla, también está a punto de terminar el grado.
La estancia en prisión de Tauroni no ha estado exenta de cierta polémica. Precisamente por sus estudios de Derecho, la dirección del centro le autorizó el uso de un ordenador. Sin embargo, el interno logró acceder a internet a través de una de las redes de la prisión. Aún hoy se ignora el procedimiento empleado para conectarse. Los presos tienen absolutamente prohibido consultar contenidos online.
Instituciones Penitenciarias requisó el equipo informático. Para la Fiscalía Anticorrupción, la actuación de Tauroni no pasó desapercibida. De inmediato, solicitaron una investigación policial porque se pensó que podía haber utilizado ese ordenador para esconder patrimonio. Las pesquisas policiales finalizaron hace unos meses con un resultado decepcionante para la Fiscalía. Los especialistas de la Policía Nacional sólo pudieron rastrear unos meses de navegación. En cualquier caso, no se hallaron indicios de conexiones sospechosas con entidades bancarias. Lo que sí se registraron fueron conversaciones a través de la aplicación Skype.
El empresario mostró su disposición a colaborar en la parte final de su condena incluso al margen del acuerdo que se estaba negociando para todos los implicados y que finalmente fracasó. Tauroni mantuvo en la propia cárcel reuniones con la Fiscalía Anticorrupción. Finalmente, su testimonio ante la juez del caso no fue ni mucho menos lo concluyente y claro que se esperaba. De nada sirvió aquella declaración ante la magistrada.
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