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A. RALLO
VALENCIA.
Domingo, 6 de mayo 2018, 00:12
Augusto César Tauroni, el empresario que ha cumplido seis años de cárcel por el desvío de ayudas destinadas al Tercer Mundo, mantiene su empeño: colaborar con la Justicia. Cierto que su última declaración en el juzgado fue decepcionante y no contentó ni al fiscal Anticorrupción ni a la juez de Instrucción 21. Previamente también se habían roto las negociaciones en aquel principio de acuerdo, que englobaba a todos los procesados. Entonces se hablaba de penas de cárcel de cerca de tres años para los cabecillas -Blasco y Tauroni, fundamentalmente- condenas sin ingreso en prisión para los responsables intermedios y el archivo para la mayoría de los acusados. En el fracaso supuestamente influyeron las amenazas que recibió un funcionario relacionado con el caso IVAM, pieza en la que se investiga a la mujer del exconseller Blasco.
El empresario ya ha difundido sus intenciones. No se está a la espera de un pacto global -o al menos no parece que exista una base suficientemente sólida en este momento- pero Tauroni ha trasladado su voluntad a otros acusados. La confesión de Tauroni en el juicio -si antes no se llega a esa gran conformidad en la que varios letrados estarían más que interesados- complicaría -todavía más- la situación que afrontan en la vista oral.
Esta misma disposición también se ha comunicado al fiscal Anticorrupción encargado del asunto que ha mantenido algún contacto discreto con el acusado, según fuentes conocedoras de la situación. Esta pasada semana, Augusto César Tauroni, por ejemplo, fue visto en la Ciudad de la Justicia.
El investigado más reacio a cerrar un acuerdo en la fase anterior fue Rafael Blasco, según algunas fuentes. Se ignora si su actitud ha cambiado tras el anuncio que ha hecho llegar el propio Tauroni. El exjefe de área de la conselleria, Marc Llinares, otro de los cabecillas en esta segunda y tercera división del caso Cooperación y que fue absuelto en la primera de las piezas, también parece que medita el acuerdo.
Evidentemente, el dinero, el pago de la responsabilidad civil, es uno de los requisitos en esa conformidad grupal, pero también en el plano individual si alguien decide ir por libre y confesar en el juicio, tal y como propone el empresario. De esta forma se le reconocería la reparación del daño.
Tauroni dispone de recursos económicos para saldar su parte de responsabilidad. Cuenta con dos apartamentos en Miami que ahora mismo se encuentran bloqueados porque están a nombre de una sociedad americana. También tiene un barco, aunque se desconoce en qué estado se mantiene tras más de siete años de abandono en una especie de depósito judicial. Marc Llinares también utilizaría su inmueble de su propiedad para afrontar esta cuestión.
Tanto Tauroni como Llinares son conscientes de las altísimas probabilidades de una condena tras la primera sentencia desfavorable del TSJ confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo. El fallo, que de cualquier signo sería recurrido, podría tardar aproximadamente un año y medio. Este horizonte genera una gran incertidumbre en los procesados sabiendo que en algún momento deberán ingresar en una penitenciaría. En este sentido, un pacto y la ausencia de recursos evitaría esa angustia existencial.
En estas dos causas se investiga el fraude en la concesión de subvenciones a diferentes ONG´s y el fallido proyecto de la construcción de un hospital en Haití. Anticorrupción pide a Rafael Blasco 16 años de cárcel por encabezar la trama delictiva que actuó en la Generalitat.
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