Tauroni pone a la venta dos pisos de lujo en Miami para devolver dinero saqueado

Augusto César Tauroni, el cabecilla de la trama de las ONG, ha sido el primero en mover ficha en la negociación para tratar de evitar que finalmente se celebre el juicio por las piezas 2 y 3 del caso Cooperación. Tauroni cumplió su condena el pasado mes de febrero tras pasar seis años en la cárcel de Picassent por el desvío de fondos para el Tercer Mundo. No quiere repetir la desagradable experiencia de repetir una estancia tan prolongada privado de libertad. Y menos todavía si existe una posibilidad de cerrar el asunto. El empresario ya ha puesto a la venta sus dos apartamentos de lujo en Miami, según ha comunicado al juzgado. Se trata de dos residenciales de alto standing que adquirió con fondos de procedencia ilícita.

La idea sería vender cada uno de los inmuebles por unos 700.000 euros. Pero existe un problema: los pisos fueron decomisados por el juzgado y deberían servir para responder de la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que juzgó la primera pieza del caso. Esto genera una situación anómala ya que el empresario pretende utilizar este patrimonio para saldar su responsabilidad en las otras dos causas, donde se investiga el fraude en la concesión de subvenciones a diferentes ONG´s y el fallido hospital en Haití.

El abogado de Tauroni ya comunicó en su día al juzgado de Instrucción 21 de Valencia que iban a iniciar las gestiones comerciales. La juez trasladó este escrito al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), según explicó el propio letrado. La defensa del empresario cree que existiría una salida para este problema. Asegura que los pisos fueron bloqueados cuando se trataba de una única causa - luego se dividió en tres piezas- y, por tanto, podría servir para cubrir toda la responsabilidad civil.

Los agentes inmobiliarios trabajarían ya en la venta de los inmuebles. El plan consistiría en encontrar un comprador y plantear entonces esa posibilidad a la juez. El objetivo del empresario es lograr 615.000 euros, cifra con la que según las conversaciones con la Fiscalía podría saldarse su responsabilidad civil.

Ahora bien, la operación no es sencilla. Uno de los bienes arrastra una hipoteca que rondaría la mitad de lo que se obtendría por la venta, alrededor de 300.000 euros. El otro apartamento figura como aval de la hipoteca del primero. Estas propiedades siguen estando a nombre de una sociedad americana, lo que ha permitido hasta la fecha que siguieran bajo control del empresario. Es más, durante este tiempo se ha estado pagando la hipoteca a través del alquiler de las viviendas, según admite el propio acusado.

Además de los apartamentos, el empresario dispone de un barco. Recientemente, la Audiencia de Valencia comunicó al interesado que el yate se encuentra amarrado en Miami, aunque todavía ignoran el lugar exacto. El cabecilla de la trama de las ONG junto al conseller Rafael Blasco, que sigue en la prisión de Picassent, pretende deshacerse del barco, pero teme que su estado -seis años sin mantenimiento- apenas le permita sacar algo de dinero. También pesa sobre él un préstamo.

A día de hoy es una incógnita si finalmente se celebrará un juicio por las piezas 2 y 3 del caso Cooperación. La Fiscalía y la inmensa mayoría de los acusados son partidarios de cerrar una conformidad. El acuerdo resulta muy beneficioso para los principales procesados, que serían condenados a dos años y medio de cárcel, muy lejos de las peticiones actuales de cárcel. En los supuestos de Blasco y Tauroni, por ejemplo, no podrían pasar más de ocho años en la cárcel. El empresario ya ha cumplido seis y el exconseller lleva algo más de tres. Existe doctrina jurisprudencial por la cual, en beneficio del preso, no se puede castigar con mayor pena que la que correspondería si los distintos hechos se hubieran enjuiciado en una sola pieza y no en varias, como es el caso. Es decir, el hecho de parcelar la causa y celebrar diferentes juicios no debe resultar más gravoso para el condenado. Así, la petición e incluso una condena alta -les piden 16 y 22 años- no tendría ningún efecto real.

La Abogacía de la Generalitat se resiste, por el momento, a dar el visto bueno a la conformidad, aunque varias fuentes apunta a que finalmente aceptaran si el dinero que los acusados ponen sobre la mesa cumple sus exigencias. Lo habitual en supuestos similares es que la Generalitat siga siempre la posición de la del ministerio público. Al Consell le interesa más el efectivo que los bienes, pero entendería que los procesados en estas dos piezas del caso Cooperación ofrecieran diferentes propiedades.

Otro de los puntos conflictivos para cerrar el acuerdo reside en la posición de la coordinadora de las ONG, que ejerce la acusación popular. No quieren que el proceso se cierre sin un nuevo juicio. Uno de los argumentos que esgrimen es que el exresponsable de la Conselleria de Solidaridad Marc Llinares se libró de la primera condena del TSJ.

Una conformidad ahora le beneficia enormemente ya que su pena rondaría los dos años y medio. Una estancia muy corta comparada con sus compañeros en la trama. Podría darse la circunstancia de que las ONG ejercieran en solitario la acusación en el juicio. Resultaría extraño, pero no imposible. Pero evidentemente esta parte no tiene el mismo dominio sobre la causa que las otras acusaciones.