Nunca un diputado me ha preguntado en el Congreso por un tema científico». Así lo aseguró la ministra Diana Morant durante una entrevista en julio de 2022. Llevaba un año en el cargo. No puede saberse si la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades se ... quejaba, se jactaba o se alegraba. Porque quizá la mayor suerte de Morant es el poco caso que la oposición ha hecho de su gestión.
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En las últimas semanas han aflorado algunos malos ejemplos del desempeño de la responsable gubernamental. Tres años largos lleva al frente de un ministerio del que dependen organismos como el CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) o el CSIC, centros de investigación en pie de guerra tras una gestión de las plantillas tan deficitaria que ha acabado acaparando titulares en los medios de comunicación, algo tan poco probable como que algún diputado le pregunte en el Congreso por un tema científico. Sobre lo que sí le han preguntado sin obtener respuesta ni resultado es acerca de todo lo relacionado con los médicos extranjeros pendientes de la homologación de sus títulos.
Sin ir más lejos, la Conselleria de Sanidad aseguraba este verano tener más de 600 plazas vacantes, presupuestadas y sin poder cubrir por falta de facultativos. Se trata de un procedimiento que debería resolverse en medio año pero que, sistemáticamente, se alarga más de tres años, lo que ha supuesto un atasco descomunal, con decenas de miles de expedientes esperando ser tramitados. Justo una semana antes de la dana, el pasado 22 de octubre se convocaron concentraciones en varios puntos de España para denunciar la lentitud en los trámites de homologación de las titulaciones universitarias cursadas en el extranjero.
La tormenta administrativa y política generada por la dana ha ocultado durante más de un mes un buen número de asuntos. Morant, de Almansa hacia el este, es básicamente la líder del PSPV y una potencial candidata a la Generalitat (aunque hasta 2027 quedan más de dos años; en política, una eternidad), pero desde Almansa hacia dentro es principalmente ministra. Una ministra en apuros con la suerte de estar en un ministerio invisible en términos mediáticos y de cara a la fiscalización de la oposición, para desgracia de los españoles, porque las competencias de Ciencia, Innovación y Universidades son de las más necesarias de cara al futuro. La sucesión de problemas que afloran de la moqueta del ministerio no hacen más que dar la razón a la reflexión de Javier Lambán ante el inminente desembarco de Pilar Alegría en Aragón para clonar la Operación Morant.
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El expresidente del Gobierno de Aragón comentó en una entrevista que «un ministro tiene que gobernar y tiene que gestionar para todos los españoles, y compatibilizar eso con ejercer la oposición a un presidente autonómico me parece francamente anómalo. Jamás en el PSOE se había producido esta especie de bicefalia entre ser ministro y, a la vez, ser opositor a un presidente autonómico. Hay algunas incompatibilidades de tipo político bastante claras».
Esa imposibilidad de estar en el plato y en las tajadas está cristalizando en toda su amplitud durante las últimas fechas.
Esta misma semana, después de haber despachado a toda velocidad su liderazgo al frente del PSPV, Morant se ha dado de bruces con un asunto sangrante, como es la decadencia del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). A la vez, se ha resuelto por parte de su ministerio una situación trágica y muy turbia, como es el caso de la desaparición de una trabajadora en un barco en del CSIC en alta mar, lo que destapó la inacción del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) frente a numerosas denuncias por acoso sexual.
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El Ministerio de Ciencia ha decidido resolver sin «responsabilidades» la desaparición de la tripulante del CSIC, que se supone que se suicidó lanzándose al mar, precisamente, cuando su barco pasaba frente a la cosa de Gandia, localidad natal de Morant, que fue alcaldesa de la capital de la Safor hasta que Sánchez la fichó como ministra.
La secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega-Paíno, compareció este pasado miércoles en la Comisión de Ciencia del Congreso de los diputados, según informó el Faro de Vigo, y no logró ofrecer ningún dato sobre la asunción de responsabilidades por parte de nadie, ni del ministerio ni del CSIC, respecto a una situación de acoso que se repitió en tantas ocasiones que obligó al ministerio a endurecer sus protocolos, siempre a partir de que se destapase el escándalo de la desaparición de la tripulante. Hasta entonces, nada de nada.
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El ministerio de Morant se ha especializado en mirar hacia otro lado hasta que no le queda más remedio. Cuando por fin se ha implementado la Ley Orgánica del Sistema Universitario, el mundo académico tiene la sensación de que desde el Gobierno central se ha convocado una 'fiesta' para reducir la precariedad de los profesores universitarios que, en realidad, terminarán teniendo que pagar las autonomías, algunas de ellas infrafinanciadas.
La misma inacción se había apoderado del CNIO hasta que hace un par de semanas se destapó a través del periódico ABC. A partir de ese momento se desveló el descontento de la plantilla de investigadores, sus intentos de ponerse en contacto con el propio ministerio después de comprobar la inutilidad de intentar solucionar su situación internamente, con la máxima responsable del centro de referencia en España para la investigación contra el cáncer.
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El CNIO, por otra parte, ha registrado una paulatina decadencia en su actividad, así como un evidente incremento en la conflictividad y descontento en su plantilla. La pérdida de competitividad, a raíz del deterioro de los recursos, del material de investigación de alta precisión y muy caro, que se viene registrando desde 2022, no se ha reconducido por parte de Morant, que a la vista de las críticas a la gestión de la científica alicantina María Blasco, directora de la institución desde 2011, ha intentado tomar distancia respecto al proceder de Blasco, una gestión de la que en el ministerio tenía noticia a través de las reiteradas quejas de los científicos, que llegaron a dirigirse directamente al departamento que lidera Morant.
Blasco, frente a la polémica, replicó el pasado viernes 13 de diciembre, y lo hizo señalando que la falta de medios que sufre el CNIO tiene que ver con los fondos no asignados por parte del Gobierno central, que lógicamente destina las partidas para el centro de investigación a través del ministerio de Morant, a quien no se le ha escuchado ni una palabra sobre este asunto desde hace más de una semana. De hecho, cuando el pasado viernes Blasco realizó sus declaraciones, Morant y su equipo estaban preparando a conciencia el Comité Nacional del PSPV en el que la dirigente socialista anunció su deseo de ser ratificada como secretaria general del partido en la Comunitat, algo que sucedió este mismo martes al no haber más candidatos que ella al puesto, lo que le permite garantizarse un congreso tranquilo, el que se celebrará durante el primer fin de semana de febrero.
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Desde el PP valenciano apenas se hace seguimiento de la actividad de Morant como ministra. Ninguno de sus diputados en el Congreso parece específicamente interesado, ni designado por parte de la cúpula popular, para fiscalizar la actividad de la que será, con mucha probabilidad, la candidata socialista a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas, que se supone que se celebrarán en 2027. Tan sólo el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha dignado a lamentar el problema que supone la situación del CNIO, y tuvo que ser esta semana el propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el que apuntase hacia todos esos agujeros negros que se expanden alrededor de la ministra de Ciencia.
La aprobación y aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ofrece una serie de aristas que las universidades públicas denuncian desde que se inició la tramitación de la norma. La LOSU obliga a las universidades públicas a reducir la precariedad del personal docente e investigador, en el sentido de reducir la temporalidad de los contratos, lo que implica estabilizar plantilla. El problema de esta ley es que esas buenas intenciones no se traducen en aportaciones económicas que solventen la situación. Se ha puesto en marcha un programa con el fin de facilitar la creación de plazas estables, sin embargo, el Gobierno asume el coste de esa nueva situación durante unos años, a partir de los cuales son los territorios los que deben sufragar el coste, un mal negocio para regiones como la Comunitat, infrafinanciada sin aparente solución.
Por otro lado, la LOSU no ha gustado a los rectores, al menos a los de las universidades valencianas, porque no se facilita la gobernanza de las universidades. No les da toda la autonomía que quieren a la hora de contratar y atraer talento. Además, se incrementa el peso del alumnado en los órganos de decisión, como los consejos de gobierno.
Sobre el papel es positivo pero se trata de un colectivo, el estudiantil, cuya visión y estancia en la universidad es a corto y medio plazo, entre cuatro y, como mucho, seis años, sin darle peso al personal de administración de servicio y al personal docente investigador, cuya pervivencia en los centros universitarios es mucho mayor.
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