La escalada de tensión continúa en el Botánico

Las aguas bajan revueltas en el seno del Pacto del Botánico. La buena relación que, con algunos baches, han mantenido el PSPV y Compromís durante los más de tres años de legislatura se ha comenzado a deteriorar en apenas dos días. Ayer, los socialistas anunciaban que el presidente Ximo Puig había logrado que el Estado central cediese 850 millones adicionales en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y desvelaban la creación de una comisaria especializada en violencia de género pionera en toda España. Dos iniciativas de las que desde Compromís aseguran que no eran conscientes y que hoy han provocado una avalancha de críticas de los nacionalistas hacia sus socios.

Si ya ayer Mónica Oltra, presidenta de la Generalitat, arremetió contra Bravo por invadir sus competencias de su conselleria, hoy ha vuelto a la carga para valorar los dos asuntos. La líder de la coalición ha criticado en Requena el acuerdo del aumento del déficit por ser «mejorable» y la iniciativa de Justicia de una comisaría para víctimas de violencia de género porque invade las competencias de su Conselleria, que ya trabajaba en unas dependencias similares en un Centro Mujer 24 horas. Oltra no ha querido insistir en sus críticas a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, aunque ha dicho que espera que en septiembre se aborde de nuevo este proyecto tal y como su departamento lo concibió. Por su parte, Juan Ponce, portavoz adjunto de Compromís en Les Corts, se ha pronunciado en términos similares al afirmar que el acuerdo económico «no ha supuesto ningún avance sustancial» y ha remarcado que existe «malestar» entre los socios de gobierno por haberse enterado en el último momento de una decisión unilateral de los socialistas.

Podemos, el tercer socio del Pacto del Botánico también ha sido crítico con el acuerdo. El secretario general de la formación y portavoz en Les Corts, Antonio Estañ, ha indicado que les «sorprende y hasta cierto punto preocupa» que el PSPV «esté actuando más como Partido Socialista que como Consell» y celebre «como un triunfo y una gran solución» el acuerdo alcanzado a cambio del sí valenciano al objetivo de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Para el líder del partido morado estas dos cuestiones evidencian que estamos en precampaña electoral.

Tras estas críticas, el PSPV ha optado por mantener la postura de que este es un acuerdo beneficioso para la Comuntiat y en todo momento ha esquivado la polémica. El secretario de Relaciones Institucionales y Acción Territorial del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, ha valorado como «positivo» el acuerdo alcanzado por Puig en el CPFF: «Recibir 850 millones es una noticia positiva para los valencianos, le pese a quien le pese». Pese a ello, sí que ha admitido que no es una solución definitiva. Sobre la polémica de la comisaria Bielsa ha considerado que esta lucha «no tiene nombres ni apellidos», sino que es una cuestión «que afecta a todas las administraciones públicas».

Las críticas de los socios parlamentarios han alentado que la oposición continuase con los reproches hacia el acuerdo económico. El portavoz de Economía del grupo popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha afirmado hoy que con el cambio del sentido del voto del Gobierno valenciano en el CPFF «ha sido capaz no solo de engañar a los valencianos, sino también a sus socios de gobierno». El diputado popular ha criticado que Puig «saque pecho de unos supuestos 850 millones de euros que son absolutamente inexistentes. Por un lado porque 220 de ellos corresponden a más deuda, no es dinero líquido».

La diputada de Ciudadanos en Les Corts, María José García, también ha aprovechado para acusar al Consell de «no haber estado a la altura de los valencianos» en la negociación del objetivo de déficit con el Gobierno y de haberse «conformado con un caramelito», tras abandonar el debate fundamental de la financiación autonómica.