Un tercio de entidades del sector público de la Comunitat registra graves reproches en sus auditorías

Un tercio de entes auditados registran suspensos o reproches serios (opinión desfavorable) en la gestión de personal, contratación o actuaciones de tesorería. Y eso que los interventores no aprietan el acelerador demasiado a la hora de señalar los fallos en la gestión del variado sector público instrumental.

En el catálogo de observaciones y salvedades se sitúa un asunto verdaderamente preocupante, el descontrol en todo lo relacionado con la contratación de personal, ya que en una veintena, la mitad, o no se ha autorizado la masa salarial de la plantilla o no se cuenta con una relación de puestos de trabajo o las dos cosas a la vez. Es uno de los asuntos más sangrantes, pero no el único.

Una comprobación de las decenas de análisis contables realizados el año pasado constatan que, además del descontrol en las plantillas, el sector público instrumental de la Generalitat carece de auditores internos y de los códigos éticos pertinentes, son numerosos los trámites de contratación que se realizan sin la firma electrónica que en pleno siglo XXI se considera indispensable, no se comprueban los posibles conflictos de intereses entre el personal que decide los contratos ni se realiza un seguimiento de a quién se está girando las facturas por los servicios privados recibidos y se detectan adjudicaciones menores sospechosamente reiteradas. Todos estos problemas y deficiencias se detectan de manera habitual. Todo ello sin contar casos sangrantes o problemas puntuales.

Hay empresas que se llevan la palma. En el caso del IVASS, en lo que se refiere a la actividad de la tesorería, los interventores de la Generalitat directamente se niegan a emitir un dictamen, ni favorable, ni desfavorable ni matizado. La situación es tan insondable que directamente señalan que su valoración queda como denegada.

Pero hay organismos como el Misteri d'Elx, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la C.V. (EPSAR), el Instituto Valenciano de la Cultura, el Circuit del Motor, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias S.A., la Valenciana d'Estratègies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental, S.A. (VAERSA), la Sociedad Proyectos para la Transformación Digital, S.A., diversas fundaciones y consorcios sanitarios, además de consorcios… todos ellos han registrado opiniones desfavorables, con especial mención a Vaersa, Epsar, IVC. Ivass o la SPTCV o fundaciones como Fisabio, así como Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, que no registra valoraciones desfavorables pero las salvedades y observaciones son incontables.

El Botánico se quejaba de que el PP era una máquina de generar chiringuitos sin orden ni concierto. La izquierda llegó al Consell asegurando que iba a depurar un entramado de empresas públicas que, sin embargo, cerró 2023 con una retahíla de situaciones impropias de un sector depurado y regulado de una manera propia de una región avanzada.

Si los populares fabricaron una red de instituciones con un buen número de sociedades y organismos gestionados de un modo caótico, el Botánico también ha dejado una herencia con trazas muy confusas. Se puede constatar a través de los informes de auditorías. El PP ha promovido una comisión de investigación en Les Corts, la única en marcha, donde se analizarán los datos económicos de ese entramado profesoinal. El Consell ha anunciado una auditoría externa de todo ese sector público instrumental.

Rara es la entidad que se salva de la amonestación por una política de personal trufada de anomalías. La mitad de las empresas que cuentan con informes presentan la circunstancia de que no cuentan con la masa salarial autorizada o no se ha confeccionado la Relación de Puestos por Plantilla (RPT).

Igualmente, en la contratación, al menos una docena de entes son advertidos por emplear contratos menores (a dedo) de un modo recurrente e injustificado que, además, ni se han molestado en disimular que se controlaban, ya que en una decena ni siquiera se ha dispuesto de un auditor interno, tal y como marca la ley.

En la mitad de empresas hay problemas con la computación del personal, en un tercio no se dispone de datos rigurosos de a quién se giran las facturas, mientras que la cuarta parte registra un exceso de contratos a dedo y la ausencia del control del conflicto de intereses, las incidencias más habituales junto a la carencia de auditores.

Los informes se hacen eco de situaciones insólitas, como la falta de presencia de algunas fundaciones en los presupuestos de la Generalitat, a pesar de recibir dinero público, no se sabe ni cuál ni cuánto, o que no haya constancia de la resolución de la conselleria competente en sobre la clasificación de la entidad auditada a los efectos de determinar el número máximo de personal directivo con el que puede contar, o que los sistemas informáticos de la entidad implicados en el circuito (registro de facturas, validación, orden de pago, contabilización, etc.) no estén interconectados, como sucede con el Consorcio Provincial de Castellón. Una auténtica jungla pública.