Una testigo declara que el alcalde de Requena eligió las empresas para el contrato bajo sospecha

A los exediles se les pide una pena de cárcel de entre cinco y seis años de cárcel. El juicio fue suspendido en su momento al no estar completa la información de la causa. La Fiscalía sostiene que se dieron contratos al margen de la ley para favorecer a la empresa. El nexo de unión en la presunta trama sería el familiar de Benavent.

Las defensas han planteado numerosas cuestiones previas, entre las que incluso han adelantado ya la petición de sobreseimiento. Plantean que se alteró el juez predeterminado por la ley y la causa no se prorrogó tal y como exige la Ley. La Fiscalía se ha mostrado airada ante determinadas afirmaciones -«menos mal que están ustedes aquí», dijo en referencia al tribunal- y ha insistido en la legalidad de la investigación judicial y policial.

La primera testigo ha sido la secretaria del Ayuntamiento de Enguera. Se trataba de un contrato para aflorar deuda pública del Consistorio. Se eligió el procedimiento negociado de acuerdo a la estimación de lo que se pretendía recaudar. «Imagino que las indicaciones me las dio el alcalde». Esta modalidad obliga a la existencia de tres empresas ofertantes. «Nos las dio el alcalde», dijo, finalmente. Y el político también veló por las condiciones de esas mercantiles. «Sólo una hizo una oferta y sólo se comprobó la solvencia de esa. Las otras dos no presentaron oferta».

La profesional recordó que la prestación de servicios se pagaba, en parte, dependiendo de la recaudación que se obtuviera. «Eso nos dio mucha tranquilidad porque sólo se iba a pagar lo que se aflorara». También se tuvo en cuenta que el negociado es por dos años y el menor, en aquel momento hasta 18.000 euros, sólo es por un año.

La segunda de los testigos ha declarado por videoconferencia. Era la tesorera del Ayuntamiento de Requena. La Fiscalía le interrogó por un contrato para recaudar dinero de determinados impuestos impagados. «Confeccioné el pliego técnico». Eran algo más de 30.000 euros, según el fiscal. «Supervisé las facturas y el trabajo realizado. Se inspeccionaron numerosas empresas», ha asegurado.

La oferta de Servimun, la empresa vinculada al suegro, contenía una serie de ofertas. Pero, por ejemplo, los cursos de formación no se dieron. «No se le devolvió la fianza por esto», quiso aclarar.