Los testigos confirman el enchufismo del PSPV y Compromís en Divalterra

Si el lunes, uno de los denunciantes, José Luis Pellicer, ya señaló que los contratos estaban repartidos y tenían dueño («con nombre y apellidos») previamente entre los dos partidos de la izquierda, durante la sesión de este martes, uno de los testigos, el exresponsable de Recursos Humanos de Divalterra, Vicente Domingo, ha descrito una situación que haría saltar por los aires cualquier código de buen gobierno. Ni selección, ni entrevista. Los 'ahijados' colocados en la empresa presumían de 'padrinos' siempre que tenían ocasión. Y 'madrinas'. Enchufados orgullosos de serlo, según Domingo. Y el abogado José Luis Vera, responsable de los servicios jurídicos de Divalterra no se ha quedado a la zaga en un relato de una situación repleta de presiones, amiguismo, partidismo y hasta graves insultos propios de prácticas caciquiles.

Vera ha mantenido la versión que dio durante la instrucción del caso, señalando a la cúpula de la Diputación de Valencia, especialmente al expresidente Jorge Rodríguez y a las personas de su máxima confianza. Vera ha relatado sus conversaciones con dirigentes de la empresa, especialmente con la cogerente Agustina Brines, situada ahí gracias a Compromís (el otro cogerente era José Ramón Tiller, vinculado al PSPV). Las conversaciones, reuniones e informes expuestos por el testigo exponen una situación de gran incomodidad por parte de todos ante una serie de situaciones, como poco, irregulares.

El abogado asegura que durante meses se cruzaron informes externos entre socialistas y nacionalistas ante las contrataciones de alta dirección. Hasta que finalmente se le pidió uno a él para ver «ahora qué hacemos, ya tenemos el lío y qué hacemos». »Brines estaba un poco abochornada porque todo esto le venía impuesto«, asegura Vera sobre la actitud de la gerente cuando le tuvo que pedir al abogado que colocase a uno de estos directivos en su departamento.

«Había una guerra interna», afirmó el responsable jurídico de Divalterra, quien explica que tanto Brines como Tiller «estaban preocupados, porque todos (los contratados) venían por obligado cumplimiento desde arriba. Estaba preocupados por el procedimiento de contratación e incluso por las personas, que entendían que no tenían la cualificacion suficiente. Brines dijo, 'tienen que venir si o si, es el problema que tengo, y si tengo que explicarselo a un juez prefiero decir que uso contratos de alta dirección que reconocer el amaño de un concurso'». Finalmente, Brines lo está teniendo que explicar en un juzgado.

El relato de Vera excusa de algún modo tanto a Brines como a Tiller en todo lo relacionado con los contratados. El testigo asegura que Tiller tenía constantes broncas con Rodríguez y que con la llegada de Victor Sahuquillo (exgerente) la situación se fue complicando. «Me dijeron que sabían que estaba loco pero que era amigo del presidente», indica Vera sobre Sahuquillo. Los problemas se iban complicando y las relaciones se iban tensando de una manera importante.

La situación interna en la empresa, con los contratos por legalizar, con la entrada y salida de personal, era de tal calibre que Vera relata que durante un consejo de administración de Divalterra «entra un señor, Gallego (jefe de gabinete de Rodríguez) y le espeta al auditor Muñoz. 'tú eres un hijo de puta, cállate y cierra la boca'. Muñoz se queda estupefacto pero sigue hablando. Rodríguez toma la palabra y le retira la palabra a Muñoz. Cuando acabó el consejo, Gallego me dijo: 'Os habéis pasado y la vais a pagar'. Al día siguiente los medios de comunicacion pusieron a caer de un burro al auditor interno (Muñoz), y yo le defiendo, creo que en la Cadena Ser, y luego tengo una llamada de Gallego: 'tienes que tirar a esos hijos de puta de Pellicer y Muñoz, inmediatamente'. Tenemos palabras muy gruesas, un rifirrafe muy serio, y coge el teléfono Rodríguez, que estaba con Gallego, y me dice: 'Tú sabes que yo te puedo cesar', y le dije, 'ya estás tardando'». Vera asegura que se reunió con los dirigentes más cercanos al presidente de la Diputación a los que «les dije que pararan o acabaríamos muy mal. Aquello no tenía ningún sentido. Eran los hombres del presidente los que mandaban allí».

«No sé si los contrataban por su ideología, pero sí que eran contratados por petición del PSOE o de Compromís. Las órdenes venían de arriba, algo bastante claro», ha indicado Vera, quien ha explicado que cuando se hablaba en la Diputación de «arriba, lo que se transmitía era que arriba en el PSOE era Rodríguez y en Compromís no sé si la vicepresidenta (María Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputación), porque como eran varios partidos en la coalición, cada uno tenía su cuota. Eso venía impuesto, completamente».

Las situaciones rocambolescas se sucedían, como en una ocasión que Brines se dirigó a Vera porque le habían exigido «con una carta con nombres y apellidos que tenía que despedir a 30 personas. Estaba ansiosa, llorando, la presión era brutal. La carta me la enseñó ella, eran listados sin motivo de despido, era a ella a la que le exigían que despidiese y ella acudía a mí no como asesor jurídico sino quejándose de que la estaban machacando».

Horas, antes, por la mañana, la memoria de Domingo ha resultado muy instructiva sobre el grado de relación de la que se jactaban tener algunos directivos contratados a dedo con los dirigentes históricos del socialismo valenciano: «Recuerdo que en una ocasión, uno de ellos manifestaba que era alcalde de su localidad por el PSPV; Manuel Carot también me contó que tenía amistad personal con Ximo Puig y que había trabajado en Blanquerías (calle de Valencia donde estuvo radicada durante décadas la sede del PSPV) muchos años con Joan Lerma; y Miguel Ángel Ferri provenía de Ontinyent y me dijo que tenía relación de amistad con Jorge Rodríguez». El expresidente de la Diputación sigue como alcalde de Ontinyent tras ser expulsado del PSPV y fundar su propio partido, con el que arrasó en las elecciones de 2019.

No se quedó atrás lo que contó Domingo sobre el modo en que las amistades poderosas eran aireadas por otros directivos afines a Compromís: «José Luis Melero era teniente alcalde de Silla por Compromís y se ausentaba muchas veces de la oficina para atender responsabilidades en el Ayuntamiento de Silla; y Raúl Ibáñez no solo decía su partido, sino que presumía de que era amigo personal de Mónica Oltra (exvicepresidenta del Consell) y afirmaba que estaba en la empresa porque Oltra lo había llevado allí». Según el testigo, la coalición actuaba de gestora contractual e intermediaria de sus protegidos en Divalterra. Con Ibáñez, según ha manifestado Domingo, en un momento determinado hubo un problema con su contrato puesto que figuraba como responsable de área y no como director. Así, el militante de Compromís per Sueca aseguró que iba a protestar al partido. Comentó el directivo, según ha relatado Domingo, que era amigo personal de Oltra y que iba a llamarla y solucionarlo «inmediatamente». Tras ello se modificó su contrato por orden de la entonces gerente Agustina Brines, puesta al frente de la empresa provincial por Compromís. En total, según el auto de procesamiento abreviado que ha dado pie al juicio, el dinero malversado fue más de 1,1 millones de euros, utilizado para colocar a personas afines al PSPV y Compromís

«En los expedientes laborales de las personas contratadas en Divalterra como alta dirección no estaba ni el currículum ni la convocatoria del puesto ni las bases. Absolutamente nada«, ha manifestado el exresponsable de los Servicios Jurídicos y de Recursos Humanos de Divalterra. Domingo llegó a Divalterra a finales de 2015, cuando ya se había incorporado a la empresa una gran parte de los altos directivos, y ha asegurado que ninguno de ellos ocultaba su afiliación política. »Era de todos conocidos. Unos provenían del PSPV y otros de Compromís. Los propios directores de área lo manifestaban y todos sabíamos de que partidos eran«, ha explicado el exjefe de la empresa.

A mediodía finalizó la declaración de este testigo para dar paso a la de Jose Luis Vera, personaje que es a los asuntos controvertidos protagonizados por el PSPV lo que el perejil a las salsas. Está en todos, en mayor o menor medida, tal y como ha indicado la presidenta de la sala al iniciarse su comparecencia («El tribunal es consciente de que es parte en otros procedimientos, de los cuales aquí no vamos a hablar, como Taula o Azud«). Vera comparece en Alquería en calidad de testigo, y defendió que la situación era igual de grave que en el caso Taula, que propició la caída de Alfonso Rus y de la empresa Imelsa, la entidad inicial de la que derivó Divalterra. «Al final estábamos haciendo lo mismo que el PP», clama Vera cuando le preguntaron por los informes de la contratación. El testigo realizó una declaración en la que Brines y Tiller quedan casi al margen: «Esto venía de otro lado, de los partidos o de quien fuera, pero no era un asunto de ellos». El abogado y exresponsable jurídico de Divalterra está imputado en otra causa, Azud. Pero, como escribió Michael Ende, esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión.