m. hortelano
Jueves, 22 de agosto 2019, 01:27
El chicle de las cuentas públicas del Consell para 2019 ya no se estira más. Desde el departamento que dirige el conseller de Hacienda, Vicent Soler, han afilado ya la tijera para llevar a cabo los recortes a la que someterán al presupuesto de este año a mitad de ejecución. Y la operación tiene poco de cirugía fina. El Consell tiene previsto recortar casi 500 millones de euros de la Administración y de su sector público. Con una única línea roja: los servicios públicos fundamentales de Sanidad, Educación y Bienestar Social. Lo demás, puede esperar. De hecho, Hacienda comenzó hace semanas a reunirse con las consellerias de manera bilateral para comenzar a trazar el itinerario al que obligan, entre otras circunstancias, el bloqueo político en España y por tanto la falta de ingresos a las arcas autonómicas. Pero también el gasto que se ha producido desde los departamentos del Consell en los primeros meses de un año electoral con un presupuesto expansivo. El ritmo de gasto es bastante superior al de ingresos, que actualmente están casi paralizados por la situación política en España. Así que ante ese escenario, Hacienda ha comenzado a poner letra –números en este caso– a la música que suena desde Madrid.
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Fuentes del Consell aseguran que la primera previsión con la que se trabajó era de 437 millones en retenciones de crédito en las consellerias y su sector público empresarial –319 de los departamentos y 118 de las empresas públicas–. Sin embargo, parece que la cifra de Hacienda está ya más cerca de los 500 millones de euros bloqueados. El departamento de Vicent Soler se ha centrado en una primera etapa en las partidas no disponibles. Es decir, todas aquellas que no tengan ya el gasto comprometido. Aún así, fuentes del Gobierno valenciano no descartan que la medida sea insuficiente y tener que acudir entonces a acuerdos de no disponibilidad sobre el total de las inejecuciones. Aunque esa decisión ya no compete a la Conselleria de Hacienda, sino que requiere de un acuerdo del pleno del Ejecutivo autonómico. Una decisión que podría volver a levantar ampollas entre los socios, que ya son conocedores de estos planes. De hecho, como último recurso, el Consell podrá seguir los pasos de Cataluña, que ya anunció hace semanas el cierre de su presupuesto y el fin de los gastos en el ejercicio. Una medida drástica con la que Compromís no está de acuerdo, como ya explicó la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, hace semanas durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo valenciano.
Entretanto, Hacienda ultima ya de dónde meter la tijera mediante las retenciones de crédito. Las consellerias no podrán hacer uso de las partidas que no hayan ya comprometido, por lo que el otoño se prevé frío en lo que a las cuentas se refiere. Ya lo avanzó el viernes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Que no haya Gobierno en España está ya costado al Consell más de mil millones. Un importe que no podrá gastar aunque lo tuviera previsto y que corresponde, entre otras partidas, a los 450 millones de las entregas a cuenta que no llegan con un gobierno en funciones.
Aunque, antes de que la situación política fuera tan inestable, el estado de las cuentas de la Comunitat había sido ya objeto de las reprimendas de casi todos los organismos fiscalizadores. Desde el Ministerio de Hacienda, a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Pero la situación en España amenaza con apretar un poco más la presión sobre la Comunitat y el resto de autonomías. Primero, por las dificultades para gestionar nuevos ejercicios con un presupuesto prorrogado de manera doble y, segundo, por el parón en la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica. El parón en la llegada de fondos y en la generación de nuevos pagos se suma a la preocupación ya generalizada entre los proveedores de la Generalitat por el aumento en el plazo en el que cobran sus facturas. Un empeoramiento de la situación de las cuentas públicas que, sin embargo, no ha impedido que el nuevo Consell del Botánico haya disparado el número de altos cargos, asesores, estructuras administrativas y nuevas entidades. Sin embargo, la foto financiera real es contraria a esa exaltación del gasto público que conlleva la formación del nuevo gobierno autonómico, según se desprende del último dato sitúa el déficit en cifras peores que hace un año.
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