Torra desafía al Supremo y sólo se dirigirá en catalán al Gobierno valenciano

«Acatar esta sentencia sería aceptar una burla monstruosa e ignominiosa a nuestra lengua. Por descontado, la Generalitat de Cataluñaseguirá comunicándose en catalán, lengua común, con los gobiernos de las Islas (Baleares) y del País Valenciano». El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, se ha acostumbrado a desoír los mandatos del Tribunal Supremo. El último al que pretende dar la espalda tiene que ver con la decisión de rechazar los recursos presentados por el Gobierno valenciano y por el STEPV contra el fallo del TSJ sobre el decreto de usos del valenciano en la administración, una norma que ese tribunal ya recortó de forma notable cuando anuló algunos de sus polémicos artículos. El recurso contra aquella decisión, que es el que ha originado el fallo del Supremo, adelantado el domingo por este periódico, da por buenos los argumentos con los que el tribunal valenciano ya rechaza algunos de los artículos de la norma -relativos a la rotulación y señalización de edificios, dependencias públicas y carreteras en valenciano o a la presentación en esa lengua de la documentación de las empresas que optaran a adjudicaciones públicas-, y se centra en otro aspecto, el de no traducir al castellano aquellas resoluciones dirigidas a territorios del mismo «ámbito lingüístico».

El decreto del Consell establecía que no era necesaria la traducción al castellano de los documentos escritos en valenciano que debieran surtir efectos en otras comunidades pertenecientes al mismo «ámbito lingüístico», en referencia a Cataluña y Baleares. El TSJ tumbó ese artículo, al subrayar que la realidad normativa no era otra que el catalán y el valenciano son lenguas cooficiales en distintas comunidades autónomas y que, por lo tanto, ni el valenciano es cooficial fuera del territorio de la Comunidad Valenciana, ni el catalán es cooficial en ésta.

Y el Supremo asume esta misma tesis, al recordar que la ley de Procedimiento Administrativo fija la traducción obligatoria de los documentos al castellano salvo en los territorios que compartan la misma lengua cooficial. Y la Generalitat no es competente para establecer una salvedad a esa norma con ese argumento del «ámbito lingüístico», para salvar las diferentes denominaciones -valenciano y catalán-. El alto tribunal viene a sostener que no siendo el valenciano y el catalán una misma lengua desde el punto de vista legal y normativo, no puede el Consell establecer una excepción a la norma general de traducir al castellano los documentos de la Administración autonómica escritos en valenciano.

Junto a la reacción de Torra, el STEPV, el sindicato que junto a la Generalitat recurrió la sentencia del TSJ, también se pronunció en contra de la decisión del Supremo y consideró «intolerable y muy grave la deriva autoritaria del poder judicial contra el autogobierno de los valencianos».

En términos similares se pronunciaron las instituciones que forman la Federació Llull, es decir, Acció Cultural -la entidad impulsada por Eliseu Climent-, Òmnium Cultural y Obra Cultural Balear. En un comunicado, las tres organizaciones catalanistas valoran negativamente las dos sentencias -el Supremo da la razón por una parte al PP, y por otra al CSIF, que son los que recurrieron el decreto del Consell ante el TSJ- al considerar que se restringe el autogobierno, «niega al valenciano el carácter de lengua propia de los valencianos y la subordina de hecho al castellano» y se desdice respecto a sentencias previas del mismo tribunal en las que, según este comunicado, reconocía la unidad de la lengua y la equivalencia de las denominaciones valenciano y catalán.