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La tercera jornada del juicio por la caja B del PP de Valencia distó mucho del shock –incluso con sobreactuación de algún letrado– que supuso ... la comparecencia el pasado miércoles de Jesús Gordillo. El que fuera asesor de Alfonso Grau cambió radicalmente su relato para exculpar al vicealcalde. Cero sonrojo por parte del testigo. Al fiscal se le vio resignado. Al tribunal, molesto ante la inconsistencia de algunas respuestas. En la sesión de este jueves, en cambio, no hubo sorpresas. O no de esa magnitud. Continuaron las testificales de trabajadores de Laterne, la agencia que organizó la campaña de 2007 y alguna de sus sociedades satélite.
La más clara acerca del funcionamiento fue la primera compareciente. «Jesús Gordillo me dijo que cambiara los conceptos de las facturas». Gordillo ejercía de jefe de la contabilidad de Laterne, empresa en la que supuestamente desembarcó por la amistad de Grau con Vicente Sáez, dueño de la agencia que falleció ya hace años. «Tomad las facturas y poner otros conceptos», añadió la mujer a preguntas del tribunal. La orden no era baladí. Pretendía, según el relato de Anticorrupción, esconder que los trabajos correspondían a la campaña del PP de 2007.
La mala memoria de los testigos juega en contra de las acusaciones. Son poco precisos en sus relatos. Han pasado más de 15 años. Pero, además, se percibe cierto temor generalizado de los convocados por explicar con claridad los hechos. El presidente del tribunal, de hecho, tuvo que hacer una labor pedagógica en este sentido.
Otra trabajadora recuerda los problemas económicos que arrastraba la empresa y cómo se daban «sólo las facturas que teníamos que pagar. Había unas empresas a las que sí había que abonar y otras a las que no». Pero ignora cuáles eran los motivos para esa clasificación.
El fiscal aludió a los 400.000 euros ingresados en efectivo en Laterne en 11 días, en abril de 2008. «Esa cantidad de dinero no es normal. Ni en Laterne ni en ningún sitio es normal. No se cobran estas cantidades en efectivo». No es el único episodio de ingresos en efectivo en las cuentas de la mercantil.
Otro de los trabajadores, un ejecutivo de cuentas, ha apuntado que el presupuesto pudo ser de dos millones de euros cuando el límite legal, lo auditado por el Tribunal de Cuentas, eran 150.000 euros. Los testigos coinciden en que no había un presupuesto conocido por todos y sobre el que ajustar las acciones. Más bien era al contrario. Se planteaban los eventos sin tener en cuenta el presupuesto.
Otro de los testigos relevantes de la jornada ha sido el gerente de Trasgos. Poco a poco se fue complicando él mismo al no poder explicar el funcionamiento contable de su propia empresa. Los trabajos por el PP los hizo «por prestigio». «No saqué beneficio». El fiscal le llamó la atención acerca de que sólo una agencia le ingresó más dinero que lo que cobraba él por su campaña del PP. «Creo que es porque facturaron otras campañas que llevábamos al mismo tiempo». Eso sirvió para explicar esa empresa, pero no dio con la fórmula de las facturaciones de otras mercantiles. El funcionamiento contable de Trasgos, en realidad, resultó más que confuso.
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