Tragsa, el contratista de referencia tras la pandemia

La Generalitat se arrogó la competencia para contratar por emergencia todo servicio que necesitara para poner en marcha la recuperación de la Comunitat tras la pandemia. Para ello, bastó una modificación de la ley de contratos en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2021 para habilitar la contratación de este tipo en toda obra o necesidad que requirieran los planes que ayudaran al Consell a paliar los efectos de la crisis. Sin embargo, a pesar de este cambio legal, por el que se puede contratar de manera rápida y con menos papeleo a cualquier empresa, la Generalitat sigue acudiendo a su firma de cabecera: la empresa pública Tragsa.

La compañía, dependiente de la SEPI, ha sido agraciada con otros 1,4 millones a través de su filial tecnológica, Tragsatec, para hacerse cargo de trabajos en las Consellerias de Justicia, Presidencia y Hacienda, para servicios relacionados con el covid-19.

En concreto, la empresa se encargará de servicios relacionados con el Plan resistir de la Generalitat, sin especificar cuáles, ya que la encomienda no aparece aún en la web de la Generalitat. Por este contrato, el Palau abonará algo más de 149.000 euros en una única mensualidad.

Por otro lado, el Instituto Valenciano de Finanzas, dependiente de la Conselleria de Hacienda, ha contratado a Tragsatec un servicio de apoyo en la gestión de las solicitudes de la línea de financiación bonificada IVF-Liquidez Covid-19 durante cuatro meses. El importe, adjudicado en febrero, ascendió a 272.138 euros. Por último, la Conselleria de Justicia ha acudido a la filial tecnológica de Tragsa para habilitar un mecanismo de apoyo técnico al régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención ante la pandemia en la Comunitat. Por ese servicio, el departamento que tiene las competencias en Interior ha abonado algo más de 966.000 euros durante ocho meses.

Por situarnos, Tragsa es una empresa pública dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), surgida en los años 70, por lo que en la actualidad es una de las firmas gubernamentales más antiguas del panorama administrativo. En sus inicios surgió con una clara vocación agrícola, pero con los años fue ampliando su objeto social hasta convertirse en una suerte de bazar para las administraciones. La valenciana entró en el accionariado de Tragsa para poder convertir a la entidad en medio propio, con la simbólica compra de una acción.

La empresa pública fue también la elegida para gestionar el apoyo técnico a la gestión de la Estrategia Valenciana para la Recuperación de la Comunitat Valenciana, por un importe de 43.700 euros, tras un encargo de Presidencia de la Generalitat, Un contrato más que se suma al goteo incesante de encomiendas a la mercantil que el Ejecutivo valenciano considera medio propio.