Tragsa sigue apagando los fuegos al Consell

valencia. La Generalitat dio luz verde en diciembre de 2018 a la empresa pública de gestión integral de los servicios de emergencias (SGISE) con la que ponía fin a un conflicto laboral con casi un millar de brigadistas. Para ello, constituyó una mercantil que acabó subrogándose a toda la plantilla que hasta ese momento trabajaba en la extinción de incendios a través de la empresa pública Tragsa. La creación de SGISE no estuvo exenta de polémica por las fricciones entre los socios por la disparidad de criterios a la hora de entender la absorción de una plantilla completa y pasar a formar parte de la Administración.

Pero lo que en su día se creó para poner fin a un conflicto laboral ha acabado como el rosario de la aurora. El último informe de auditoría de la mercantil de las cuentas de 2019 refleja la fotografía precisa del funcionamiento de la empresa. Y es que, básicamente, su actividad económica se limita a pagar las nóminas de la plantilla que acogió con su constitución. La prestación del servicio de extinción de incendios, si bien se realiza con esos mismos trabajadores, sigue recayendo en la empresa pública estatal a la que se le encargaba la labor, vía encomiendas de gestión. Así lo detalla el informe de auditoría, que desvela que el 20 de marzo de 2019, apenas tres meses después de crearse SGISE, el consejo de administración de la entidad autorizó una nueva encomienda a Tragsa, con un presupuesto de casi 10 millones de euros, porque «se consideraba absolutamente necesaria la realización del embargo de colaboración logística, gestión complementaria y acompañamiento en la organización del servicio de bomberos forestales». Ese mismo día se suscribió el encargo a Tragsa por parte de SGISE y se comenzó a prestar el 1 de abril, por un periodo de 19 meses o hasta que SGISE haya logrado asumir todas las actividades encomendadas.

Es decir, a pesar de haber constituido la empresa pública, Tragsa sigue siendo parte fundamental en la extinción de incendios, ya que la Generalitat sólo cuenta con los recursos personales: los bomberos forestales. Y es que antes de crear la mercantil de emergencias, la Generalitat acudía a la empresa estatal (medio propio) y hacía encomiendas por importe de 32 millones de euros en el último ejercicio. Tragsa disponía de los medios materiales, la infraestructura logística y el mantenimiento, además, de la plantilla que se acabó subrogando. Sin embargo, con la constitución de SGISE, con un presupuesto de 42 millones de euros, la prestación del servicio ha acabado costando casi diez millones de euros más cara a las arcas públicas.

Además, la gestión de la entidad está actualmente cuestionada por los propios empleados. Sin ir más lejos, esta pasada semana, varios sindicatos se reunieron con altos cargos de la vicepresidencia para traslada su «decepción» por los «reiterados incumplimientos» del Gobierno valenciano con este colectivo. De hecho, una de las principales reclamaciones recae sobre la contratación, para la que se sigue acudiendo a la bolsa de Tragsa. Algo «fraudulento», según denuncias.