La tramitación de la nueva ley de Transparencia permite al Consell esquivar los controles

Los responsables botánicos de Transparencia, tanto los que están en la conselleria del ramo como los de los grupos parlamentarios del PSPV, Compromís y Podemos han decidido que la nueva ley de Transparencia atravesará el camino más corto y recto para su aplicación: una proposición de ley. Que se trata de la tramitación más ágil (una prisa difícil de justificar, ya que la ley actual tiene cinco años y los organismos que pretende modificar con el cambio están en funcionamiento) es tan cierto como que es también un modo de saltarse todos y cada uno de los controles por los que tendría que haber pasado el texto legislativo de haberse presentado como un proyecto de ley del Consell.

La nueva normativa, por no ser un proyecto de ley sino una proposición de ley, no pasará por el Consell Jurídic Consultiu. Nada tendrán que decir sobre ellas en las consellerias. No hará falta esperar a los informes preceptivos de que cumple con las premisas sobre igualdad de género cuando la tramita el Consell, o con el visto bueno de la Dirección General de Presupuestos de que hay dinero para aplicarla. Y también esquivará la fase de participación ciudadana. El proceso se simplifica porque se trata de una proposición de ley. Sin embargo, esa iniciativa la presentaron el lunes los partidos por registro de Les Corts tras anunciarla y explicarla junto Rosa Pérez Garijo a las puertas del parlamento valenciano.

Pérez Garijo es consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. Su conselleria, tal y como ella misma explicó el lunes, ha impulsado esta nueva ley que, sin embargo, se aplicará tras haber encontrado un atajo, el de los tres grupos parlamentarios del Botánico que firman una normativa que surge de la Conselleria, tal y como refrendan algunos altos cargos de ese departamento, tanto los actuales como los que lo fueron cuando Manuel Alcaraz era el conseller. La supuesta iniciativa parlamentaria tiene un trabajo previo del Consell tan evidente que incluso se consultó al Consell de Transparencia que se ve afectado por esa modificación y que dio su opinión en 2018.

A pesar de que el tripartito acudió al Registro de Les Corts a presentar la iniciativa, asumiéndola como propia de los grupos parlamentarios, la consellera Pérez Garijo se sabía esa nueva norma de pe a pa. Fue ella quien se la relató a los medios de comunicación, incluyendo À Punt, que emitió en directo la explicación de la consellera y coordinadora de Esquerra Unida. El PP preguntó posteriormente en una de las comisiones parlamentarias quién había elaborado el texto presentado por el tripartito. No hubo respuesta clara. La oposición se pregunta si es ético o estético que los portavoces de los tres grupos parlamentarios que sostienen el Botánico rubriquen el texto legislativo que ahora inicia su tramitación en Les Corts si en la elaboración de esa nueva norma han participado funcionarios de la Generalitat, concretamente de la Conselleria de Transparencia; es decir, del Ejecutivo, personal pagado para trabajar en la gestión pública cuya actividad podría acabar capitalizada por los partidos del Botánico.

El cambio de la norma, además impedirá que el Consell de Transparencia cuente, tal y como establece la ley vigente, con seis miembros, tres por cada uno de los bloques, el de izquierdas y el de derechas. Falta el que teóricamente designaría Vox. Ese consejo debería renovarse este mismo mes de diciembre. Actualmente cuenta con cinco consejeros, tres a propuesta del Botánico y dos sugeridos por PP y Cs. La nueva ley dejará el Consell de Transparencia en tres.