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La última (por ahora) trampa que el Consell del Botánico le ha dejado al Gobierno presidido por Carlos Mazón puede costarle a las arcas autonómicas 5,3 millones de euros. Una sentencia del Tribunal Supremo que se acaba de conocer rechaza el recurso ... de casación para unificación de doctrina que había presentado por la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y declara la firmeza de una sentencia dictada por el TSJ en fecha 15 de junio en la que se reconocía el derecho de una trabajadora de la vieja Canal 9 a percibir los trienios que había acumulado.
El pronunciamiento del Supremo, después de que los juzgados de lo Social se hubieran pronunciado en unos casos a favor y en otros en contra del reconocimiento de la antigüedad acumulada, abre la puerta a que todos los exempleados de RTVV que ahora están en À Punt soliciten el reconocimiento y el abono de esas cantidades por la antigüedad acumulada.
Un informe elaborado por los servicios de administración y recursos humanos de la televisión pública valenciana explica que desde el año 2019 se han venido recibiendo demandas por este concepto hasta sumar una treintena de trabajadores de la CVMC, y otras 257 de la SAMC –Societat Anònima de Mitjans de Comunicació–. El coste de las primeras supera los 367.000 euros, mientras que el de las segundas alcanzaría los 2,1 millones de euros –sumando salarios y cotizaciones a la Seguridad Social–. «Cabe esperar que la CVMC y SAMC sean condenadas a abonar las cantidades reclamadas además de las costas e intereses», se explica en el informe que, además, estima el coste añadido de esos dos conceptos en 191.000 y 172.000 euros, respectivamente. «Además de las cantidades señaladas, el impacto en la masa salarial, donde ya se ha tenido en cuenta los incrementos salariales, por el reconocimiento del derecho a percibir los trienios reclamados», que sumaría otros 815.000 euros.
La suma de todas estas cantidades supondría «un coste adicional aproximado (siempre que las futuras sentencias condenen en el pago de intereses y costas) de 3.710.594,98 euros».
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Este coste ha sido analizado con las demandas actuales, aunque cabe esperar que se interpongan nuevas demandas por parte de los ex trabajadores de RTVV. Si atendemos al número de ex trabajadores que actualmente trabajan tanto en la CVMC como en la SAMC, el número de demandas podría aumentar. La estimación de posibles demandas serían 9 más en la CVMC y 115 más en la SAMC.
Con todos los datos económicos, y suponiendo que presentaran demanda todos los extrabajadores que actualmente no la han presentado, esto supondría un coste adicional aproximado de 5.296.222,16 euros.
La televisión pública ya ha estado provisionando contablemente el importe en función de las demandas recibidas. Actualmente hay provisionados en la CVMC 309.804,13 euros y en la SAMC 1.529.061,71 euros, tal y como figuran en las cuentas anuales presentadas del ejercicio 2023.
Los juicios previstos para el año 2024, de la CVMC y SAMC son 123, siendo la cantidad reclamada 784.425,47 euros. A esta cantidad, habría que añadir la Seguridad Social, las posibles costas y posibles intereses, sin perjuicio de los próximos señalamientos que pudieran ir sucediéndose. El coste total podría ser de 1.503.350,51 euros.
Los juicios previstos para el año 2025, de la CVMC y SAMC son 18, siendo la cantidad reclamada 171.366,06 euros. A esta cantidad, habría que añadir la Seguridad Social, las posibles costas y posibles intereses, sin perjuicio de los próximos señalamientos que pudieran ir sucediéndose. El coste total podría ser de 306.194,63 euros.
En su sentencia, el Supremo rechaza el recurso de casación para unificación de doctrina presentado por la CVMC. Y lo hace al entender que la mera referencia a una ley infringida (la 70/1978) sin conexión a argumento alguno que sustente ni desarrolle la vulneración resulta insuficiente para ofrecer a la parte recurrida, al Ministerio Fiscal y a la propia Sala los términos en que la recurrente sitúa la oposición a los pronunciamientos previos. «Lo razonado permite entender que se incurre en causa de inadmisión que en este momento procesal se transforma en causa de deses timación del recurso de unificación interpuesto», se señala.
El Consell de Mazón ha venido localizando otras trampas del Botánico, como un decreto firmado en vísperas de la campaña electoral del pasado 28 de mayo por el que el Botánico decidía suprimir del Reglamento Orgánico (ROF) del Invassat, con un coste de 12 millones de euros.
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