Otra trampa del Botánico: 12 millones más por trocear la prevención de riesgos laborales

Un acuerdo alcanzado en su día con los sindicatos y que tiene un coste estimado que supera los 12 millones de euros. No sólo eso, en la práctica supondría la creación de cuatro nuevas unidades –una por cada una de las consellerias afectadas, más otra adicional para coordinarlas– y que debía entrar en vigor antes del próximo mes de octubre. «Cuatro chiringuitos», en expresión coloquial de un miembro de la administración autonómica, para el que el Botánico no tomó ni una sola de las decisiones presupuestarias que serían necesarias para la puesta en marcha de este troceamiento del servicio, así como la correspondiente solicitud de creación de nuevas plazas a Función Pública.

Y eso que se trataba de reforzar la prevención en materia de siniestralidad laboral. Pero lo cierto es que el Botánico firmó el acuerdo, en este caso el decreto, pero no lo desarrolló.

De hecho, para la aplicación del citado decreto se requeriría en primer lugar la modificación de la Ley de Función Pública Valenciana para otorgarle la competencia necesaria para ejercer estas funciones. Incongruencia que señalaba el propio informe de Función Pública en la tramitación del decreto.

Las fuentes de la Generalitat consultadas por este diario detallan que falta la dotación presupuestaria, pero también las modificaciones normativas de rango legal para poder poner en práctica este nuevo sistema, la planificación y la organización para prestar un servicio adecuado. Y además, «falta crear en el entorno de 50 nuevos puestos, incluidos puestos de medicina preventiva que llevan años vacantes».

Desde que el mencionado decreto vio la luz, en marzo de este año –a menos de dos meses de las municipales y autonómicas– únicamente se ha realizado una reunión vinculada a este asunto, el pasado 12 de julio, víspera de la investidura de Carlos Mazón como president de la Generalitat.

En esa cita se acordaba «redactar y aprobar cuantas disposiciones requiera el desarrollo y ejecución del Decreto 40/2023 respecto de la estructura y organización de los servicios de prevención y unidad de coordinación», así como establecer los recursos humanos y materiales necesarios e incorporar a los presupuestos de 2024 los gastos necesarios para llevarlo a cabo.

La memoria económica del citado decreto fija por encima de los seis millones de euros los gastos necesarios para la puesta en marcha del servicio, a los que hay que sumar otros seis millones correspondientes al coste del personal de medicina del trabajo, de enfermería del trabajo, el personal técnico y el personal coordinador, entre otros.

Las fuentes del Consell consultadas por este diario remarcan que para dar luz verde a una modificación de este tipo es necesario abrir una reflexión sobre esa modificaciones competenciales y la utilidad real de la nueva estructura propuesta.