El Consell abre expediente sancionador a una productora de Francis Puig

La Conselleria de Transparencia del Gobierno valenciano decidió el pasado 6 de febrero «iniciar un procedimiento sancionador» contra Comunicacions dels Ports, la productora de la que es consejero delegado Francis Puig, hermano del presidente del Consell. La decisión, conocida ayer y que cayó como una bomba en el seno del PSPV, obedece al posible incumplimiento por parte de la citada firma del artículo 3 de la ley de Transparencia del Gobierno valenciano, que obliga a las empresas que reciben una determinada cantidad de ayudas públicas a revelar cuáles son esas subvenciones.

El concepto en cuestión se denomina «obligación de publicidad activa». El mencionado artículo de la ley fija en los 100.000 euros anuales de ayudas públicas la cantidad a partir de la cual cualquier empresa debe publicitar esas subvenciones. La decisión de la conselleria llega a pesar de que el Consejo de Transparencia que dirige Ricardo García Macho llegó a pronunciarse en noviembre en contra de la apertura de expediente alguno. Una circunstancia que hace aún más evidente si cabe la decisión de la conselleria de avanzar con ese expediente sancionador.

¿Y cuántas ayudas ha recibido Comunicacions dels Ports? La resolución que firma la consellera de Transparencia, Rosa Pérez, incorpora las cifras de la denuncia presentada ante ese organismo por la secretaria general del PP valenciano, Eva Ortiz. Es decir, Comunicacions dels Ports recibió en 2016 un total de 125.276,90 euros, en 2017 llegó a 113.787,19 euros, y en 2018 alcanzó los 141.096,01 euros. En los tres años, obviamente, superó ese listón de los 100.000 euros que establece la ley de Transparencia.

En su resolución, la conselleria que dirige la líder de EU relata que la denuncia de la dirigente popular se trasladó en marzo de ese año al Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. En octubre, el organismo que dirige Ricardo García Macho «estima la queja» presentada por el PPCV «por el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa» por parte de Comunicacions dels Ports. No obstante, sólo un mes después, y tras recibir alegaciones por parte de la empresa de Francis Puig, el Consejo determinó que no apreciaba «motivos para instar la apertura de un procedimiento sancionador» contra Comunicacions dels Ports.

¿Qué alegó la productora? La firma del hermano del expresidente alega que la información contenida en el portal de transparencia GVA Oberta sobre las subvenciones recibidas por esta firma «no es correcta». En su escrito se aseguraba que algunas de las ayudas atribuidas a la firma no correspondían a la misma -años 2016 y 2018 por ayudas para el valenciano-, así como que en los programas de Avalem Joves de 2016 y 2017 se habían devuelto parcialmente las subvenciones. Además, se venía a plantear que «la totalidad de los obligados no cumplen la ley de transparencia».

Fuera por esa contestación o por otra circunstancia, la conselleria concluye que el pronunciamiento del Consejo de Transparencia en el que rechaza la incoación de expediente sancionados no aclara las razones para no hacerlo, y sin embargo, sólo un mes antes el mismo organismo sí que admite la queja del PPCV y detecta un posible incumplimiento de la ley de Transparencia. Por eso, la conselleria decide abrir expediente sancionador, nombrar instructor y se da tres meses -los plazos han estado suspendidos por el Covid-19- para resolverlo.