Transparencia insta a que el Gobierno informe del viaje de Sánchez a Castellón

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo que ha nivel nacional vela por el cumplimiento de la ley que facilita la difusión de información pública a la ciudadanía, ha dictado una resolución por la cual falla a favor del demandante de información sobre el viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Benicàssim con motivo del festival que se celebró el pasado verano. El organismo insta al Ejecutivo central a facilitar la información que solicita Luis Salom, asesor del PP en la ciudad de Valencia. El Gobierno rechazó la reclamación de los datos económicos relativos al viaje de Sánchez a Castellón en un avión Falcon. Desde Moncloa se apeló a la clasificación de ese tipo de datos como materia reservada. Sin embargo, desde el Consejo de Transparencia se niega tal circunstancia. El organismo, en los fundamentos jurídicos de su resolución, establece que «no se aprecia que la información solicitada haya sido clasificada previamente como materia reservada, tal y como exige la Ley de Secretos Oficiales».

La reclamación de información se presentó inicialmente ante Moncloa, que remitió a lo datos que se ofrecían en la web del Gobierno. Sin embargo, en la página de internet a la que remitía el Ejecutivo central no se ofrecían datos económicos de aquel viaje. El Falcon 900B trasladó el pasado 20 de julio por la tarde, viernes, a Sánchez hasta el Aeropuerto de Castellón. Pero no se quedó allí. La aeronave emprendió vuelo esa misma tarde de regreso a Madrid. El día siguiente el Falcon volvió a aterrizar en la terminal de Castellón. Recogió al presidente del Gobierno, y emprendió de nuevo vuelo hacia la capital. Según Presidencia, la familia de Sánchez se trasladó por carretera, y no a bordo del Falcon, hasta Castellón.

La solicitud de información quería conocer el coste aproximado y sin desglosar de todo el desplazamiento del presidente y sus acompañantes, incluido el coste de apertura especial del aeropuerto de Castellón para ese desplazamiento.

En la petición de datos se especifica que «en ningún caso se solicita información sobre personas acompañantes (escoltas, familiares, amigos...) ni datos relativos al dispositivo de seguridad, ni sobre el trayecto del avión. Tal especificación buscaba, precisamente, que desde el Gobierno central no se pudiese esgrimir la Ley de Secretos Oficiales para evitar informar sobre el viaje, que en su momento genera una importante polémica y hasta el reconocimiento desde el PSPV de que se trató de una iniciativa «cara».

El Consejo de Transparencia procede en su resolución a estimar la reclamación del asesor, insta a la Secretaria General de la Presidencia del Gobierno a que, en le plazo de una semana remitiese al reclamante la información relacionada con el gasto en combustible, dietas, coste de la tripulación, seguridad y otros gastos. Igualmente, desde el organismo que vela por la difusión de la información que demandan los ciudadanos se insta al Gobierno central a que también remita una copia al Consejo de Transparencia de todos los datos que envíe al reclamante de la información.

En su resolución, el organismo da un serio varapalo al Gobierno central, pues le recuerda que no hay «justificación» para su negativa a difundir datos, así como le señala la «relevancia pública del conocimiento de la información solicitada como rendición de cuentas», tal y como se destaca en varias ocasiones durante el informe del Consejo, para el que «no procede la aplicación de ningún límite de acceso a esta información, si bien especifica que no es necesario aportar datos desglosados de cada una de las partidas (hoteles, alojamientos, seguridad, vuelos y comidas), sino que «debe ceñirse a suministrar el gasto total del viaje».