Transparencia intensifica la vigilancia sobre los altos cargos del Consell

La Oficina de Control de Conflictos de Intereses (OCCI), el órgano de la conselleria de Transparencia encargado de velar por el cumplimiento la legalidad en materia de compatibilidades y conflictos de intereses tanto por parte de los altos cargos de la Administración autonómica como de quienes acaban de abandonar esa responsabilidad ha anunciado la puesta en marcha de su Plan de control y verificación. Una iniciativa dirigida a comprobar si todas aquellas justificaciones documentales que los altos cargos presentan respecto a sus actividades se ajustan efectivamente a la realidad y al contenido material de sus disposiciones.

El plan, cuya resolución de arranque se publicó ayer en el DOGV, persigue desarrolla las características sobre las que se elaborará esa comprobación minuciosa de la documentación presentada. El número de personas a verificar será de 10, tal y como figura en el documento, sobre las que se comprobará el cumplimiento del régimen de compatibilidad por las personas con cargo público no electo (CPNE).

Esas diez personas se elegirán de manera aleatoria, primando la antigüedad, la posición jerárquica, así como la situación de activo en la administración de la Generalitat y en el sector público. Los criterios que establece el plan de control señalan que no se inspeccionará a más de un 30% de personas de la misma conselleria, que el Sector Público Instrumental tampoco aportará más del 30% de los examinados, y que al menos uno de los elegidos será conseller o secretario autonómico «para garantizar la verificación del más alto escalafón en la estructura de la administración de la Generalitat». Además, al menos uno de los inspeccionados será uno de los cargos públicos no electos que ya hayan sido cesados.

Las actuaciones de verificación que se concretarán serán de carácter formal, comprobando la existencia de deficiencias formales en las declaraciones presentadas o falta de actualización de las mismas, y sustantivas, para verificar si faltan declaraciones o una parte sustancial de las mismas por aportar.

En este segundo caso, se realizarán comprobaciones en el Registro Mercantil, se solicitará información a la Agencia Tributaria si falta documentación relacionada con este organismo «siempre que la persona interesada hubieses dado su consentimiento expreso para ello», se solicitará información a la unidad administrativa encargada del abono de la nómina -en los casos en que se detecte omisión de la cuenta corriente en la declaración de bienes-, y se acudirá a la entidad u organismo en el que pueda estar desarrollando funciones en el caso de que no se facilite información sobre actividades compatibles o incompatibles.

A principios de año, la OCCI remitió su informe anual a la Conselleria de Transparencia. De los 289 altos cargos y cargos públicos no electos –los actuales y los que han cesado en los últimos tres años– que tenían obligación de rendir cuentas anualmente, 51 se saltaron el año pasado su compromiso con la transparencia. En total, uno de cada cinco altos cargos y cargos directivos no presentaron o presentaron datos inválidos de renta, patrimonio y sociedades el año pasado. Un incumplimiento de la ley que, sin embargo, no ha tenido sanción.

En el informe de la OCCI se detallaba también una lista negra de altos cargos y directivos del sector público, tanto en activo como los que ocuparon un puesto desde 2016 –tres años antes de la fecha sujeta a análisis– de los que Transparencia no disponía de un solo dato.