Transparència tampoco fiscaliza el dinero de los grupos de Les Corts Valencianes

Las cuentas de los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes están bien blindadas. Casi 14 millones de euros repartidos en la presente legislatura entre PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos que están al margen del control mínimo que se debe exigir al gasto de dinero público. La intervención de la Cámara regional no tiene acceso a las facturas y la Sindicatura de Comptes se ve impotente en su labor fiscalizadora de las cuentas públicas. Los partidos políticos con representación en Les Corts manejan millones de euros sin un soporte documental que certifique que se hace un bueno uso de la subvención. La propia normativa parlamentaria indulta a los grupos de ser controlados y la ley, tanto a nivel estatal como autonómica, ampara esa opacidad contable.

Los 14 millones de euros que han manejado los grupos políticos de Les Corts también están fuera del alcance del Consell de Transparència, el órgano autonómico que vela porque todo aquello que pasa en la Comunitat cumpla las normas del bueno gobierno y que la relación entre la administración y los ciudadanos se envuelva dentro de los parámetros de la claridad.

En 2013 se aprobó la norma estatal de transparencia -ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno- y en la disposición cuarta se creó el Consejo de Transparencia. La norma establece que contra las resoluciones dictadas por Asambleas Legislativas, Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo sólo cabe la interposición de un contencioso-administrativo.

La ley valenciana de transparencia, de 2 de abril de 2015, se redactó a imagen y semejanza de la norma estatal, por lo que una resolución de Les Corts también queda al margen del Consell de Transparència valenciano. La norma limita al ciudadano la posibilidad de reclamar por resoluciones dictadas por el Parlamento valenciano.

Les Corts Valencianes están sujetas a la ley de Transparencia, aprobada en la Cámara regional el 2 de abril de 2015, según el artículo 2 apartado c) de la norma, pero al mismo tiempo bloquea la capacidad de actuación del Consell de Transparència, según el artículo 17.6.

Un ciudadano puede dirigirse al Parlamento valenciano y reclamar la contabilidad de los grupos parlamentarios, los 3,4 millones anuales que se reparten los partidos políticos con representación. Si Les Corts deniegan la información, el ciudadano lo que no puede hacer es recurrir al Consell de Transparència para pedir que el órgano intervenga en el asunto. La única posibilidad que tiene el afectado es iniciar un contencioso-administrativo. Un proceso en el que el ciudadano tiene que gastarse dinero en un abogado además de la eternidad de los plazos y un resultado incierto al final del proceso. La ley de Transparencia blinda la opacidad de los grupos y obstaculiza la labor del solicitante para poder acceder a la información. De hecho, varios son los ciudadanos que han intentado romper el muro de las ayudas de Les Corts a los grupos parlamentarios y no han tenido éxito en el intento.

La legislatura enfila sus últimos capítulos y pese a que ha existido cierta voluntad de levantar las alfombras de las ayudas a los partidos políticos al final no se ha llegado al acuerdo entre los grupos de Les Corts Valencianes. Nadie sabe a qué se destinan esos 14 millones de euros porque las ayudas sólo se justifican con balances contables muy generales y sin que se aporten las correspondientes facturas. La oscuridad es absoluta en los grupos.

Una de las dudas por resolver es si los partidos políticos utilizan el dinero de Les Corts para financiar su actividad en la sede o si convierten los despachos del edificio de los grupos en el Parlamento en la verdadera base de trabajo. No es la primera vez que las formaciones políticas trasladan toda su actividad a dependencias públicas para ahorrar el máximo de costes posibles. Maniobras que se han permitido hasta el momento. Las leyes, tanto las estatales como las autonómicas, emanan de las Cámaras parlamentarias, por lo que son los propios grupos políticos los que elaboran una normativa ad hoc con el fin de que sea imposible fiscalizar sus cuentas. Un articulado de la ley que se convierte en un dique de cara a la labor de los órganos de transparencia.