El traspaso de las Cercanías que no logró el Botànic

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ERC para el traspaso de las competencias en Cercanías a Cataluña, tal y como ha desvelado la formación independentista, despeja definitivamente el camino para la investidura de Pedro Sánchez, previsiblemente la semana que viene. La fotografía del número tres del PSOE, Santos Cerdán, con Carles Puigdemont y la ley de amnistía que se presentará en breve en el Congreso componen, junto a ese traspaso de Rodalies anunciado, el mapa que dará lugar a ese acuerdo político.

Cataluña ya era titular de su servicio de Cercanías desde 2010. La diferencia ahora es que se producirá un traspaso integral de la red que incluirá infraestructuras -trenes y vías-, y la «inversión» necesaria para garantizar la modernización y el correcto funcionamiento del servicio.

¿Y la Comunitat? Ximo Puig anunció en el debate de política general de la Comunitat de 2021 -siendo aún presidente de la Generalitat- que reclamaría el traspaso de las competencias de Cercanías a la Comunitat. «No funciona como debería y además es un problema desde hace muchos años», dijo desde la tribuna de Les Corts. Aplausos de la bancada de la izquierda, incluidos de Compromís, quizá la formación más sensible históricamente con los problemas de saturación en los vagones y de retrasos y cancelaciones en la red.

Puig, seguro, anunció la petición de las competencias. Y su entonces conseller de Infraestructuras, Arcadi España, no sólo respaldó el criterio, sino que pocos meses después aseguraba haber comenzado el proceso de negociaciones con el Ejecutivo central para hacer posible ese traspaso de competencias. Siempre y cuando, matizó, que viniera de la mano de la consiguiente financiación.

En noviembre de ese año, en una entrevista con EFE, España anunciaba reuniones inminentes con el ministerio para abordar ese traspaso, y que en esas reuniones se vería cuánto cuesta la prestación del servicio de Cercanías en la Comunitat y los recursos existentes, y a partir de ahí se establecería un calendario para llevar adelante la transferencia.

España admitía que la gestión propia del servicio no era «la solución a todos los problemas» pero sí podía ayudar a mejorar las Cercanías, «siempre que el traspaso a la Generalitat se haga con los recursos suficientes, tanto financieros como humanos». Apenas unas semanas después la ministra del ramo Raquel Sánchez presentaba en Valencia el Plan de Cercanías. Compromisos y buenas palabras, pero ni una sola respecto a ese traspaso de competencias.

El traspaso de las Cercanías desapareció del discurso del líder del PSPV, igual que lo hizo la reforma de la financiación cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa o que la descentralización de instituciones del Estado cuando el Gobierno la limitó a organismos de nueva creación.

Y llegó mayo de este año, y las urnas le dieron la mayoría a la derecha. Y el traspaso de competencias de Cercanías no es que dejara de ser prioritario. Es que desapareció como reivindicación del Consell. Así lo admitió en su día el presidente Carlos Mazón. «Pedir las competencias de Cercanías para parecer más indepe y porque no se tienen más ideas no es un buen plan», vino a decir.

La conselleria de Infreaestructuras que dirige Salomé Prada es, obviamente, del mismo sentir. El Gobierno de Sánchez, remrca, ha ejecutado un escaso 20% del plan de cercanías, aprobado en 2017 con una inversión de 1.400 millones de euros. En cuanto haya un nuevo Gobierno, la Generalitat reiterará la ejecución real del plan de cercanías de 2017.

¿Y el PSPV? El pacto alcanzado entre el PSOE y Sumar hace una alusión a la red de Cercanías de la Comunitat Valenciana, al asegurar que «se ampliará y modernizará». ¿Y las competencias? Pues de momento, y según ERC, sólo se las llevará Cataluña.

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