El PP trata de salpicar a Gaspar con el caso Alquería en la recta final de la instrucción

El caso Alquería estalló en junio de 2018. El entonces presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y algunos de sus más estrechos colaboradores están investigados por supuestos delitos de prevaricación y malversación en el nombramiento de altos cargos en Divalterra, la empresa de la corporación provincial heredera de la vieja Imelsa. La instrucción del caso, que afronta su recta final, mantiene el foco sobre la cúpula de aquella corporación provincial.

A Jorge Rodríguez le sustituyó como presidente de la Diputación Toni Gaspar. Han pasado casi dos años y medio desde la operación policial que tuvo lugar en la corporación provincial y en la propia Divalterra. Pero fue ayer cuando el PPCV trató de salpicar al actual responsable de la Diputación con la causa. ¿De qué manera? Situándole en el centro de la decisión que ahora modifica el acuerdo aprobado por la propia Diputación en septiembre de 2016.

Con aquella decisión, la corporación provincial dio luz verde a que la empresa de la Diputación tuviera hasta diez altos cargos, además de concretar sus nóminas y la forma para acceder al cargo. El viernes pasado la comisión de Hacienda se reunió de forma «extraordinaria y urgente» para cambiar aquel acuerdo. El nuevo texto, que reduce a tres el número máximo de altos cargos, establece también nuevos controles a la hora de realizar los nombramientos para puestos directivos de las empresas de la corporación.

El líder del PP provincial, Vicente Mompó, remarcó ayer que el acuerdo adoptado por la Diputación en septiembre de 2016 fue «impulsada por Gaspar, bajo la presidencia de Jorge Rodríguez, se ha revelado como no acorde a la legalidad vigente y fue el origen de la contratación de un número excesivo de altos cargos en estas entidades, además de suponer un abono de salarios por encima de lo marcado por la ley y también el pago de indemnizaciones que no correspondían», señaló ayer a este diario.

El dirigente popular, que en el pleno de la corporación celebrado ayer no se pronunció este tema, cuestionó el mecanismo de urgencia para modificar aquel acuerdo, y subrayó que se están vulnerando los derechos fundamentales contemplados en el artículo 23 de la Constitución Española. «Estamos valorando denunciar esta situación ante la Fiscalía que ya conoce las irregularidades del acuerdo de 2016 en el marco del caso Alquería», dijo.

En el pleno celebrado ayer, la Diputación dio luz verde al nuevo acuerdo tras un debate en el que tanto el secretario como el interventor defendieron la legalidad del acuerdo de 2016. Vicente Boquera, secretario de la corporación, justificó la consideración de Divalterra como empresa 'categoría I' –como Aena o Adif– en el hecho de que lo importante no era el número de altos directivos que permite, sino el tope salarial que se les establecía. El interventor, José Eugenio Garcerán, atribuyó el acuerdo de hace cuatro años a la jefa de auditorías. El acuerdo salió adelante en el pleno, pero con la abstención de La Vall, el partido liderado por Rodríguez.