Trenzano cambió la norma para revisar la ayuda a la firma del hermano de Puig

El director general de Política Lingüística del Gobierno valenciano, Rubén Trenzano, admitió ayer que, tras preguntar el PP por una subvención concedida desde su departamento a una empresa del hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, decidió modificar la normativa de control de este tipo de ayudas para asegurarse que la concedida a esa firma cumplía con los pertinentes controles legales. Trenzano aseguró que la subvención se concedió de forma correcta y que esos controles, tanto los que se hicieron en abril de 2018 como los que llegaron en julio de ese ejercicio, revelaron que la ayuda había sido correctamente concedida.

Trenzano declaró ante el juez que investiga, en una causa iniciada a raíz de una querella del PP, una supuesta falsedad documental por supuestamente mentir cuando aseguró que se habían fiscalizado las ayudas al fomento del valenciano concedidas a dos empresas «vinculadas a la familia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig».

La querella de los populares sostenía que Trenzano mintió en un acto administrativo, cuando en abril de 2018 afirmó en una resolución que se había hecho el control correspondiente en las firmas Mas Mut Producciones y Comunicació dels Ports, vinculadas a «familiares directos» de Puig, y que no había evidencias de irregularidades. Siempre según la versión del PP, esas comprobaciones no se hicieron hasta el mes de julio, tal y como, según afirmaron, hizo constar la Abogacía de la Generalitat en su respuesta al recurso contencioso-administrativo que interpuso el PP ante las «irregularidades» del expediente de esas ayudas.

Trenzano explicó ayer que el motivo de que en abril se planteara que la ayuda a estas empresas habían superado los controles y que, tres meses después, se asegurara que era en ese momento cuando se habían obtenido garantías de que la ayuda era correcta fue un cambio en la normativa provocado, precisamente, por la iniciativa de los populares.

El alto cargo del Consell del Botánico admitió ante el juez que, a la vista de las iniciativas parlamentarias planteadas por la número dos del PPCV, Eva Ortiz –que se dirigió a la conselleria para solicitar que se frenara la subvención, pidió la comparecencia de Trenzano en Corts y presentó una querella en el TSJ– se preocupó por la tramitación de la ayuda. Y tras preguntar a los técnicos de la conselleria, decidió que la mejor manera de comprobar si esa ayuda había seguido la legislación, era introducir un cambio en la norma. ¿En cuál? Trenzano explicó que hasta julio existía un plan de control que preveía la posibilidad de fiscalizar de manera aleatoria algunas subvenciones. Y que desde esa fecha, se abrió la puerta a fiscalizar las ayudas también en función de su «factor de riesgo».

Ese cambio normativo, explicó Trenzano, le permitió comprobar en julio que, efectivamente, la subvención se había concedido de forma correcta y la firma afectada había cumplido con los requisitos exigibles. ¿Y en abril? Según la tesis del responsable de Política Lingüística, la norma en vigor en esa fecha dio exactamente el mismo resultado.

Las respuestas de Trenzano, que no quiso contestar al abogado del PP, no impidieron ayer que los populares presentaran nuevas iniciativas en relación con este caso. De hecho, los populares solicitaron nuevas diligencias, entre las que se incluye la solicitud de comparecencia ante el juez del jefe de servicio que, según la declaración de Trenzano, fue el que habría redactado la primera carta remitida a Ortiz, tras la solicitud de información de abril, en la que se explica que la citada subvención se adaptaba a la normativa en vigor.

En un primer momento, el Juzgado de Instrucción número 9 de València decidió sobreseer el procedimiento al entender que las manifestaciones de Trenzano debían encuadrarse «en el ámbito de las declaraciones con carácter político, administrativo y más propio de la disputa política», cuyo foro de tratamiento es la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, tras estudiar el recurso de apelación del PP, decidió revocar el archivo y ordenar la continuación de la causa. Tras prestar declaración, Trenzano aseguró que este procedimiento «forma parte de una estrategia del PP para erosionar» en primer lugar a él mismo, además de «a la Conselleria».