Tres años con un esqueleto en el armario

La población ajustada, en realidad, es un viejo invitado al debate sobre la reforma de la financiación autonómica. Hace justo tres años, la ahora vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, remitía a todas las CCAA lo que entonces se denominó como un «esqueleto» del nuevo sistema de financiación autonómica. Esa propuesta de criterio, el famoso esqueleto del modelo, se presentó el 3 de diciembre de 2021. Hacienda remitió a las CCAA un documento de 240 páginas repleto de complicadísimas fórmulas matemáticas, tan enrevesadas que nadie podía saber a ciencia cierta si la propuesta le beneficiaba o perjudicaba.

El Gobierno valenciano habló de «victoria colectiva» de los valencianos. El entonces conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, calificó de «victoria colectiva de la sociedad valenciana» que el Gobierno central hubiera trasladado «por primera vez desde que se creó el sistema de financiación en 2002, una propuesta de criterio de reparto en base a la población ajustada, y especialmente en base a variables demográficas, lo que permitirá acabar con la discriminación actual que sufren los valencianos y valencianas». A los dos días el Gobierno valenciano se lo pensó mejor y decidió presentar alegaciones. El Gobierno valenciano y los gobiernos de la práctica totalidad de CCAA.

De aquel esqueleto de criterio de población ajustada han pasado ya tres años. Y el esqueleto ya no es que huela, es que no queda ni rastro de él. El Gobierno de Pedro Sánchez dejó pasar el tiempo sin contestar a las alegaciones de las CCAA y sin presentar una segunda propuesta de criterio de población, a pesar de haberse comprometido a hacerlo. La sucesión posterior de citas electorales y la presión del independentismo catalán, interesado únicamente en mejorar su posición con su financiación singular y la condonación de la parte de la deuda vinculada al FLA, han acabado cerrando cualquier posibilidad de pactar un nuevo modelo. Hasta la guerra en Ucrania llegó a ser utilizada como argumento para justificar el rechazo en la negociación del nuevo modelo.

El Gobierno de Sánchez, siempre con el cálculo político en su sala de máquinas, evita abrir un melón para el que necesita el apoyo del PP. Si ya no presentó presupuestos en 2024 porque asumió que no tendría apoyos para sacarlo adelante, plantearse la reforma de la financiación con todos los puentes de diálogo con el PP que han saltado por los aires resulta una quimera.

La puerta, no obstante, vuelve a abrirse en la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar el próximo viernes 13 de diciembre. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ya anunció que más allá del debate sobre la vivienda, que es el que el propio Sánchez puso sobre la mesa para esta cumbre, defendería la necesidad de abordar la reforma de la financiación autonómica y, hasta que se concretara, la aprobación de un fondo de nivelación para compensar a las cuatro CCAA infrafinanciadas –Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y la Comunitat Valenciana-. La DANA que hace un mes arrasó varias comarcas valencianas podría hacer que el president de la Generalitat planteara también alguna medida vinculada a esta tragedia.

La historia de la financiación autonómica dice que el modelo aún en vigor se aprobó en 2009 y está 'caducado' desde el 1 de enero de 2014. Es decir, ya va camino de los 11 años y cumplirá ese aniversario sin ningún tipo de duda. Un modelo que, igual que el aprobado en 2002, ha situado a la Comunitat Valenciana a la cola de las peor financiadas. La Plataforma per un Finançament Just y la comisión de expertos Consell-Corts sobre la financiación asumen que la Comunitat requiere aportaciones milmillonarias para situarse en la media. La DANA ha acentuado aún más esa situación. Y sin embargo, ni hay reforma a la vista del modelo, ni las ayudas del Gobierno central a la Comunitat llegan con la suficiente fluidez.