La Generalitat y las ONG's ya aceptan pactar con acusados en el caso Cooperación

La primera sesión del juicio por el caso Cooperación, que arrancó este lunes, se limitó a cuestiones previas de carácter formal, pero no se abordó ningún argumento de fondo, como posibles nulidades, que pudieran frustrar un posible acuerdo de conformidad que dos semanas después del primer aplazamiento todavía no se ha materializado. Resulta increíble que después de pedir una suspensión a mediados de abril y tras más de dos semanas de negociaciones, el pacto todavía no se haya cerrado.

Anticorrupción anunció que tiene acuerdos con algunos de los acusados. Parte de estos contarían con el visto bueno de la Generalitat y las ONG's, en concreto, algunos pequeños empresarios. Los que menos dinero deben aportar. En otros supuestos, como el de Josep Maria Felip o Agustina Sanjuán, tenían preacuerdos, en principio, solo con el ministerio público.

Pero, el grueso de los procesados, en concreto, los cabecillas, Rafael Blasco, Augusto César Tauroni y Marc Llinares, continúan con la incertidumbre como nota dominante de su futuro. Las acusaciones particular y popular ya se han sumado a esos encuentros, una novedad respecto a las primeras reuniones. La Generalitat busca recuperar todo el dinero y lo quiere fundamentalmente en efectivo. Parece ser que las cantidades están más o menos claras con el fiscal. Las conversaciones se centran ahora en situar la pena de cárcel.

El anterior fiscal del caso, Vicente Torres, ahora magistrado del TSJ, prometió alrededor de dos años y medio a estos procesados. Pero cuando su compañero Jesús Carrasco asumió el caso, elevó la propuesta a unos cuatro años de prisión, con independencia de que por la división en piezas de la causa no sea ese el tiempo que vayan a cumplir. Ahora el problema radica en cómo ajustar delitos para dejarlo en el entorno de los tres años. Ingeniería judicial.

Hoy mismo continuarán las negociaciones. En la jornada de ayer, el principal empeño de las defensas fue intentar -sin éxito- que los acusados declaren al final del procedimiento como ya ha permitido la Audiencia de Valencia en los relojes de Alfonso Grau pero la medida también se había acordado para el desfalco por el Palau de Les Arts.

La fiscalía y las acusaciones particulares y populares se opusieron con vehemencia a la posibilidad planteada por las defensas. Así, el ministerio público fue el más duro y lo calificó como «el colmo del desbarajuste» y del «pitorreo» en caso de que la Sala aceptara la demanda de los procesados. Definió esa modalidad como «prácticas licenciosas». Finalmente el tribunal rechazó la medida que, según algunas fuentes judiciales, beneficia a los acusados porque les permite conocer todas las declaraciones de los testigos y perito y poder así adecuar sus declaraciones. Tampoco se aprobó que los candidatos se sienten en estrados, junto a sus abogados.

La siguiente sesión será el próximo lunes, fecha -ahora sí límite- para que las acusaciones y defensas lleguen a pactos de conformidad que eviten la celebración del juicio para quienes reconozcan los hechos. El principal obstáculo se encuentra en Blasco, Tauroni y Llinares. Los supuestos cabecillas de la trama de deben hacer frente al 75% de toda la responsabilidad civil. El empresario presentó recientemente un poder para que sea la propia Generalitat valenciana la que pueda disponer de los apartamentos en Miami para venderlos y recuperar parte del dinero. Todos los acuerdos deben ser validados por la Generalitat y las ONG´s porque en caso contrario ellos podrían forzar la celebración del juicio al margen de quien decida no conformarse. Al menos dos acusados están en esta situación.