El tripartito aprovecha la crisis energética para cambiar de tapadillo una veintena de leyes

El pleno del Consell ha aprovechado este viernes la necesidad de sacar adelante el decreto de agilización de energías renovables en la Comunitat, para hacer frente a la crisis de precios en los suministros, para convertir el texto en una especia de Ley de Acompañamiento, con la que acabar modificando por la puerta de atrás casi una veintena de textos legislativos que poco o nada tienen que ver con el objeto principal. Para ello, el tripartito ha sacado adelante un decreto ley de medidas en materia de simplificación, racionalización y agilización administrativa.

Pero, aparte de regular la implantación de energías renovables en la Comunitat, el texto introduce importantes cambios legislativos en la ley de presupuestos, la de medidas fiscales, la de tanteo y retracto, la de función social de la vivienda, la de ordenación farmacéutica, la de memoria democrática, la de cooperación de administraciones locales, o la de ordenación del transporte metropolitano de Valencia. Pero también mete cambios en la ley de función pública, la de vivienda, la que regula la renta valenciana de inclusión, la de publicidad institucional, la de hacienda, patrimonio cultural la ley de estructuras agrarias, la de impacto ambiental o la de saneamiento de aguas.

Un pastiche normativo que el Consell ha colado de tapadillo mediante un decreto ley, el instrumento normativo que los poderes ejecutivos se reservan para situaciones en las que concurre una circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad. La potestad para aprobar este tipo de normas corresponde solo al Ejecutivo. Su tramitación parlamentaria, más rápida, requiere sólo del debate y convalidación por parte de una mayoría de Les Corts para entrar en vigor.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno, la portavoz del Consell, Mónica Oltra,  ha explicado que, entre las 62 páginas de este decreto, se encuentra un cambio que busca desentaponar la aprobación de fotovoltaicas y eólicas, con una mayor participación de los ayuntamientos en las plantas más pequeñas. Los consistorios podrán realizar informes para las plantas que generen menos de cinco megavatios. También se ha modificado la Renta Valenciana de Inclusión para ampliar la cantidad que perciben las familias en el módulo garantizado para hacer frente a los suministros. Así, el incremento de un 25% que recibía una familia que tenía hipoteca o alquiler pasa a ser del 30%, y en el caso de las que no tienen, pasan del 10 al 15%.

El PP valenciano ha rechazado el decreto-ley de impulso a las energías renovables porque «ni incluye bajada de impuestos ni aumenta las ayudas sociales al IPC (índice de precios al consumo» y, a su juicio, solo persigue seguir manteniendo «la comodidad del gobierno más caro y numeroso de la historia de la Comunitat». Así ha valorado el portavoz popular de Economía en Les Corts, Rubén Ibáñez, el conjunto de medidas urgentes acordadas por las consellerias para responder al impacto de la crisis energética ocasionada por la guerra de Ucrania. «Lo único que tiene que hacer el Consell es bajar impuestos y agilizar el restablecimiento del impacto del incremento del IPC a las ayudas sociales, a los dependientes, a los comedores escolares, a las ayudas a pymes y autónomos, así como a los funcionarios públicos», denuncia en un comunicado, acusando al 'president', Ximo Puig, de no adoptar medidas para paliar el impacto de la subida del nivel de vida: «Se ha olvidado de la gente para seguir manteniendo el gobierno».

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