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Las negociaciones para reformar el Reglamento de Les Corts son tan intensas como opacas, de tal manera que el debate entre los partidos sobre cómo modificar las normas del parlamento se ha querido mantener en un discreto segundo plano. Sin embargo, fuentes conocedoras de esas negociaciones admiten que es complicado que el debate llegue a buen puerto. Hay muchos puntos que se van soslayando por falta de acuerdo y no queda demasiado tiempo para aprobar una reforma de la normativa por la que se rige la Cámara, que no solo afecta a Les Corts, ni mucho menos. Por ejemplo, la Agencia Antifraude es una de las figuras sobre las que se ha debatido sin llegar a un acuerdo.
Las mismas fuentes indican que, a instancias de la propia agencia, el tripartito ha propuesto modificar el Reglamento con el fin de impedir que los diputados reclamen documentación vinculada a investigaciones que se estén llevando a cabo en la Agencia Antifraude.
Hasta ahora, Antifraude ha recibido reclamaciones de documentación por parte del PP, ante lo cual la oficina que dirige Joan Llinares se ha negado en redondo. Finalmente, los letrados de Les Corts avalaron que Antifraude entregase al PP su informe sobre Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat. Esa situación se dio el año pasado, ante lo cual, desde el PSPV se consideró que tener que entregar la documentación era un modo de impedir realizar una investigación hasta sus últimas consecuencias.
La idea del tripartito de incluir en el Reglamento de Les Corts un impedimento a la hora de reclamar documentos a la agencia ha chocado con el criterio de la oposición, que recuerda que la oficina es un organismo administrativo, de la Generalitat, que no tiene competencias judiciales y que no puede preservar sus actuaciones del interés público que representan los diputados y sus reclamaciones de documentación.
Igual de atascada está la intención expresada por parte de algunos partidos que participan en la reforma del Reglamento de permitir que las coaliciones electorales se desgranen en diferentes grupos parlamentarios una vez se celebren las elecciones. Eso dispararía el número de grupos con derechos de todo tipo, tanto económicos como políticos (participación en la Mesa de Les Corts, en la Diputación Permanente o en las comisiones). En este mismo sentido, no avanza la idea de que las subvenciones variables vinculadas al número de escaños de cada grupo no puedan alterarse si se sufre una fuga de diputados.
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