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Y al final, hubo fumata blanca. Los grupos parlamentarios que dan apoyo al Consell (PSPV, Compromís y Unidas Podemos) han convalidado este jueves el polémico ... decreto ley de medidas anticrisis, tras un mes de idas y venidas con el texto legal que modificará más de una docena de leyes. La negociación no ha sido fácil y, contra todo pronóstico, los problemas han venido de dentro de casa y no de los grupos de la oposición. Algunos diputados de Compromís y Unidas Podemos habían mostrado su rechazo a apoyar el decreto tal y como había entrado en la Cámara, y preferían transformarlo en un proyecto de ley para poder ser enmendado, además de ampliar las medidas con la creación de una ley energética. Sin embargo, el texto ha salido adelante tal y como fue aprobado por el Consell, gracias a un pacto entre el tripartito que culminará en diciembre. Es decir, una huida hacia delante porque los tres grupos han acordado establecer nuevas medidas energéticas en la Ley de medidas fiscales, la cnocida como Ley de Acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat. Una cita que este año será más complicada de lo normal.
Pero, con el acuerdo, se consigue que el texto entre ya en vigor, dada la urgencia que lo impulsó, y aplaca las peticiones de algunos de los socios, que tras una negociación, se han conformado con que sus pretensiones (crear una Agencia Valenciana de la Energía, impulsar promociones públicas de energías renovables, reservar suelo para la instalación de placas, el refuerzo de la protección medioambiental o la implicación de los ayuntamientos) se plasmen en un acuerdo firmado por las síndicas de PSPV, Compromís y Unidas Podem, para culminarse en diciembre, si es que se aprueba la ley de medidas.
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PSPV, Compromís y Unides Podem han votado a favor del decreto, mientras que la oposición ha votado en contra pero han pedido tramitarlo como decreto ley. El voto de Unides Podem ha estado en el aire hasta última hora, pero finalmente se ha sumado. 47 votos a favor y 43 en contra han decantado una votación que ha generado nervios en las formaciones del Botànic. Las síndicas de las tres formaciones han escenificado el acuerdo con unas conversaciones en el patio del Ficus y subiendo a presentar el pacto juntas. Ana Barceló (PSPV), Papi Robles (Compromís), Pilar Lima y Estefanía Blanes (síndica y portavoz adjunta de Unides Podem) han comparecido conjuntamente. Las tres han concluido la declaración tras 10 minutos para irse a votar, según Europa Press.
El miércoles durante el debate, su portavoz adjunta, Estefanía Blanes, señaló que están «totalmente a favor de la ampliación de las instalaciones de energías renovables», pero se preguntó cuál es la «posibilidad, espacio o herramienta mejor» para incluir sus reivindicaciones.
Así defendió que hay que reforzar la autonomía municipal porque la capacidad de decisión está «bastante mermada»; así como reforzar la protección del territorio, porque que sean energías renovables «no significa que sean inocuas». Asimismo, recalcó que trabajar en potenciar el autoconsumo y las cooperativas en contra de las macroplantas.
Los tres grupos han elaborado un documento con siete puntos en los que enumeran los puntos que han quedado para futuras negociaciones. Entre ellos, se encuentra la puesta en marcha de la Agencia Valenciana de la Energía, la prelación de las zonas urbanas para nuevas instalaciones fotovoltaicas y la autonomía municipal.
En concreto, se creará una Agencia Valenciana de la Energía que contemple crear o participar en sociedades mercantiles, con el objetivo de comercializar energía eléctrica en régimen de libre competencia y gestionar la venta de excedentes energéticos de instalaciones de autoconsmo.
También aprueban el impulso de promociones públicas de generación distribuida de energías renovables y el fomento de las cooperativas de energía y las comunidades energéticas locales como instrumento vertebrador de una transición energética democrática.
Otro de los puntos es establecer la prelación de suelos y espacios para la instalación de plantas de energías renovables, priorizando la instalación de centrales fotovoltaicas y parques eólicos en zonas urbanas, industriales y de suelos degradados o de nulo valor medioambiental, agrícola y patrimonial. Esto comportará la reducción de permisos e informes asociados para «ganar eficiencia y evitar el impacto de infraestructuras de trasporte».
Igualmente, buscarán mejoras de cuestiones técnicas que puedan resultar de interés para impulsar la transición energética en la normativa vigente, el refuerzo de la protección medioambiental para minimizar la afección de los espacios naturales protegidos.
Asimismo, se adaptará la normativa valenciana al acuerdo del Congreso que modifica el Real Decreto Ley 6/2022. Asimismo, habrá mecanismos de participación para los municipios. Las fotovoltaicas o eólicas mayores de 10 Mw en suelo no urbanizable exigirán un trámite de participación pública de acuerdo con lo que establece el texto refundido de la Lotup. «Su resultado será valorado por el órgano sustantivo respecto al grado de apoyo ciudadano que la propuesta tenga», ha agregado.
Asimismo se propondrá dar apoyo técnico y humano a los ayuntamientos de municipios menores que presentan la insuficiencia de recursos materiales y humanos para que puedan cumplir las obligaciones y actuaciones que correspondan.
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