El TSJ anula el despido de una empleada de Antifraude purgada por Llinares

El TSJ de la Comunitat falla contra una resolución de la AVAF, que, paradójicamente, se encarga de velar por las buenas prácticas en la Administración y que, sin embargo, protagoniza un auto judicial que la condena por vulnerar los derechos fundamentales de una de las empleadas de la Agencia, defendida por el despacho de abogados de Javier Coto frente a las decisiones de la que entonces era la máxima autoridad de la oficina, Llinares.

Tras conocerse públicamente la investigación que hace un año tuvo que abrir Antifraude por una serie de denuncias anónimas, Llinares inició una auténtica caza de brujas contra las personas que él consideró que habían roto la confidencialidad con la que se debe trabajar en la Agencia. El exdirector interpretó que el secreto en las investigaciones también debía afectar a los conflictos laborales que desde hacía meses se estaban registrando en una Agencia con un inusitado índice de rotación entre sus funcionarios, ante un clima laboral que los sindicatos consideraban irrespirable. Llinares, que empleó habitualmente el método de la libre designación para incorporar funcionarios a la plantilla, también intentó cesarles en el momento en que consideró que se enfrentaron a él. En el momento en que Llinares expedientó a dos funcionarias, una tercera presentó ante Les Corts un escrito, como delegada de personal de CCOO, donde constata la situación de tensión, especialmente después de que la apertura de los expedientes disciplinarios a las funcionarias, acusándolas de romper con la confidencialidad de la actividad de la oficina. ¿Y qué hizo Llinares? La cesó.

La funcionaria interpuso un contencioso administrativo. La Agencia alega ante al juez que el escrito presentado ante Les Corts por la funcionaria purgada tenía como objetivo «sembrar una sombra de duda sobre el recto proceder de esta institución y de la persona de su director», y que provocó «un daño a la reputación de esta institución, ocasionado por la publicación inmediata en un medio de comunicación de la presentación de dicho escrito», en referencia a la noticia que LAS PROVINCIAS publicó cinco días después de que la funcionaria pidiese amparo a Les Corts, de la que depende Antifraude. Todo ello, según alega la AVAF, «conlleva una clara intención de interferir» en la comparecencia que tenía que realizar el propio Llinares (a petición propia en el parlamento), con el fin de «infundir dudas y tergiversaciones, con el consiguiente daño a la imagen de la institución».

Paradójicamente, la AVAF tiene entre sus principales cometidos promover las denuncias internas de funcionarios que, de manera anónima, puedan desvelar actuaciones administrativas irregulares. Ese ánimo denunciante sobre la actuación de otros no parece que presidiera el talante de Llinares en lo referente a su modo de gestionar la Agencia, que alegó para el cese de la funcionaria que su «conducta muestra una falta de lealtad con la institución en la que presta sus servicios y con la persona titular de la dirección de la misma». Como era una designación en función de la confianza, Antifraude consideró que podía retirarle esa misma confianza y cesarla. La sentencia, sin embargo, advierte de que Antifraude pretendía ignorar el conflicto laboral que engloba toda la situación y recuerda que la funcionaria tenía encomendada una labor de representación sindical, derecho que fue conculcado por Llinares al cesarla.