El caso Cooperación fue un enorme embrollo en lo político y también en lo judicial. En el primer aspecto, sacudió el Gobierno de Alberto Fabra. En el segundo, hasta cinco piezas separadas por las supuestas irregularidades de Rafael Blasco y su grupo de lugartenientes. Pero la ejecución de la sentencia, en especial, respecto al pago de las indemnizaciones no se está desarrollando de forma pacífica.
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Los apartamentos de lujo de Augusto César Tauroni en Miami representan un punto clave. Las propiedades, que el empresario adquirió con fondos desviados de proyectos al Tercer Mundo, son dos inmuebles de altas calidades. El pasado mes de mayo, seis años más tarde de las primeras gestiones, se procedió a la venta de los apartamentos. Uno de ellos fue vendido por 931.000 dólares americanos -864.000 euros-. El otro de los inmuebles también se adjudicó por 852.000 dólares, algo más de 790.000 euros al cambio.
Pero, ¿dónde está ese dinero? El TSJ no ha recibido información oficial de la venta ni de las cantidades de la operación. Y ya han transcurrido cuatro meses. La Sala de lo Civil y Penal dispone del contacto de la magistrada de enlace con EE UU. Pero ni rastro del dinero. A las cifras anteriores, hay que saldar una de las hipotecas que estaba pendiente y deudas por gastos de comunidad del otro aparamento. Tauroni tenía un piso alquilado y con ese ingreso hacía frente a la letra del otro.
La incertidumbre de este dinero irrita especialmente a los otros condenados por la primera pieza del caso Cooperación a quienes se les han embargado todos sus bienes. Precisamente, el Tribunal de Cuentas ha informado recientemente que ya ha dado por saldado el principal de esa primera pieza, 1,6 millones. Esto se ha conseguido de Rafael Blasco, Alex Català, Marc Llinares, Tina Sanjuán y Marcial López. Ahora, faltan otros 280.000 de intereses.
La duda que se plantea ahora es si el dinero de los apartamentos se destinará al pago de los intereses de esta pieza 1. Se trata de la más escandalosa de la trama porque supuso la compra de dos pisos en Valencia que finalmente se quedó la Administración tras una subasta en la que sólo se ofrecieron 86.000 euros por los inmuebles, tres pisos que ocupan más de 600 metros cuadrados.
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Pero la realidad es que con el importe de los pisos, incluso en la cifra más baja que pueda barajarse, todo quedaría saldado. Ese excedente de dinero se debería destinar al resto de piezas, la 2 y la 3, que aún se desconoce el importe total que ha de ser reintegrado. La Audiencia dijo en la sentencia que lo hiciera el Tribunal de Cuentas y el Supremo, finalmente, resolvió que se hiciera por la Audiencia en la ejecución de sentencia. La solución a esta cuestión está rodeada de incertidumbre.
Pero, además, todavía queda conocer el futuro de la embarcación de Tauroni, un barco que se encuentra completamente destrozado con lo que se ha perdido la oportunidad, según el propio afectado, de obtener más fondos. Tras el embargo, el yate quedó en manos de una contratista del Gobierno americano. Pero lo que se ha demostrado, a raíz del estado de la embarcación, es que no se cumplió con este cometido.
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El empresario, ahora arrepentido de la participación en la trama, planea solicitar una reunión con los nuevos responsables de la Abogacía de la Generalitat para tratar esta cuestión. Considera que se puede reclamar a esa empresa para que entreguen una indemnización por los daños en el yate, ahora impracticable.
Tauroni ha defendido ser uno de los principales interesados en que la venta se materialice y además se ejecute por el mayor importe porque eso supondría saldar la responsabilidad civil, la suya, pero también la de compañeros de banquillo. Pero lamenta el procedimiento elegido. Asegura que insistió en su día en el TSJ para que la venta se realizara de forma directa, tutelada por la Generalitat. De esta forma, mantiene que se habría agilizado el proceso.
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