El TSJ ordena que la víctima del ex de Oltra sea readmitida por Sanidad tras su despido improcedente

El juzgado de lo Social 1 de Elche impuso en su momento una condena de 10.000 euros por daños morales por la discriminación sufrida en lo que se dictaminó como un despido improcedente. La joven trabajaba como auxiliar administrativa cuando la Generalitat asumió la gestión de esta área de salud.

Sin embargo, ni ella ni su entonces pareja continuaron en la plantilla de las instalaciones, tal y como sí ocurrió con el resto de trabajadores. Una evidente disparidad de trato entre los empleados. La Administración nunca ofreció una explicación clara de su actuación.

La representación de Tanco recurrió y ahora el Tribunal Superior de Justicia le ha dado parcialmente la razón. La sentencia ordena la readmisión de la joven por parte de la Conselleria de Sanidad así como el pago de todos los salarios atrasados desde noviembre de 2021, momento en el que fue despedida. Casi dos años y medio de salario.

Esta cantidad será un importante balón de oxígeno en la delicada economía de la joven que carecía de trabajo y había perdido la guarda y custodia de sus dos hijos. Los niños permanecían con una familia acogedora.

El alto tribunal sostiene que en el supuesto de Tanco sí cabe la readmisión porque adquirió la condición de trabajadora indefinida. Tras el final de su contrato de interinidad siguió trabajando sin haber suscrito ningún otro tipo de vínculo laboral. Así que -razona el TSJ- «una vez declarada la nulidad de su despido la consecuencia ha de ser la condena de la Conselleria a la readmisión de la indicada trabajadora».

Diferente es el caso de la entonces pareja del joven, también inmerso en este procedimiento, pero que no logró acreditar su condición de indefinido. Los afectados, al parecer, ya no mantienen relación sentimental.

El letrado de Tanco también reclamaba una mayor indemnización que los 10.000 euros acordados en el primer juicio. La defensa de la joven ha mantenido en este procedimiento que el hecho de que ambos se quedaran fuera de la subrogación -fueron los únicos de una plantilla de más de 1.500 personas- era una especie de venganza por el procedimiento abierto a Oltra y el resto de cargos de Igualdad por un supuesto encubrimiento de la denuncia de abusos. Estas diligencias se han archivado recientemente por parte del juez instructor. El sobreseimiento todavía no es firme.

Pero el TSJ, en este apartado, no da amparo a los recurrentes. Recuerda la discrecionalidad del juez para determinar la cuantía y la ve ajustada de acuerdo al análisis de determinados parámetros como, por ejemplo, el tiempo que ambos llevaban trabajando en el momento de producirse la subrogación (dos meses en el caso de Tanco) así como el sueldo que cobraban los dos perjudicados: alrededor de 1.500 euros brutos con las pagas extras incluidas.

En este sentido, la primera sentencia fijó su punto de partida en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En ese texto legal se prevén multas de 7.000 a 30.000 euros. El juez, por tanto, aumentó un 25% el límite inferior, actuación que valida el alto tribunal.

Teresa Tanco no ha recibido ayudas de parte de la administración. En los últimos meses, trataba de conseguir la Renta Valenciana de Inclusión, una ayuda que le permitiera disponer de recursos económicos. Con anterioridad, no se la habían dado porque durante meses vivió de donaciones de ciudadanos anónimos. Las ayudas públicas son incompatibles con estas circunstancias.