El TSJ tumba la sanción de Llinares a una funcionaria por el informe de acoso sexual

Con fecha 15 de septiembre, un auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Comunitat resuelve anular la suspensión de la sanción que Llinares impuso el 31 de julio a una de sus funcionarias. La decisión de las magistradas del TSJ contra las medidas cautelares que decretó el director de la Agencia cuenta, además, con el apoyo del Ministerio Fiscal.

El responsable de Antifraude decidió en julio que la empleada debía quedarse sin empleo y sueldo durante seis meses. Llinares la acusó de filtrar datos relativos al informe que desvela los casos de acoso sexual que propiciaron la reclamación de los delegados y delegadas de personal de la AVAF de una investigación rigurosa.

El sindicato UGT señaló el jueves que considera «inaceptable la manera de proceder» de Llinares «que en lugar de velar por las condiciones de trabajo de la plantilla, ha optado por una suerte de persecución sindical al abrir injustamente expediente disciplinario y dejar sin empleo y sueldo a dos trabajadoras; una de ellas delegada sindical de nuestra organización y la otra, afiliada».

El TSJ ha tumbado la sanción a una de ellas, la primera que ha llegado a la sala de lo Contencioso por considerarla desproporcionada. Además, el tribunal ha admitido una denuncia por derechos fundamentales contra la Agencia al considerar una posible violación de la libertad sindical.

La resolución de Llinares incluía tanto la suspensión de empleo y sueldo durante seis meses como el requerimiento a la sancionada de las llaves de acceso a la sede de la Agencia, la anulación de sus códigos de seguridad para acceso al puesto de trabajo, la inhabilitación a la intranet corporativa, al correo electrónico profesional y a los servicios informáticos, así como instarle a entregar el móvil corporativo y el portatil de la AVAF.

Tras el auto del TSJ, la funcionaria ha podido volver a su puesto de trabajo en un organismo que, paradójicamente, impulsa especialmente que cualquier persona que denuncie algún tipo de mala praxis en la Administración reciba el más alto grado de protección posible. En este caso, sin embargo, Llinares ha actuado contra su propia funcionaria tras una investigación interna que la defensa de la funcionaria, en el recurso ante el TSJ, ha considerado una «suposición» «tan medaz e inexacta como falta de demostración alguna».

La Agencia alegó que «la suspensión resulta indispensable (...) para garantizar la normalidad del servicio público (...) por las especiales y sensibles materias que trata la Agencia» precisa de «la reserva máxima para evitar filtraciones de datos como el acontecido».

El relato que aporta Antifraude, contenido también en la resolución de Llinares, vincula directamente a la funcionaria con «la noticia filtrada a LAS PROVINCIAS». Sin embargo, el sindicato UGT ya ha advertido de que «ante la gravedad de lo que ocurre dentro de la Agencia y ante la falta de respuesta del director respecto al informe (donde se advertía del acoso sexual), el sindicato quiso trasladar a la opinión pública y denunciar lo que estaba ocurriendo. Es inaudito el expediente a dos trabajadoras que no participaron (...) de esa denuncia pública. Llinares les acusa de no sabemos qué filtración».

En el sentido de la denuncia por la vulneración del derecho fundamental de libertad sindical que ha admitido el TSJ, desde UGT se recalca que valoran «muy positivamente el trabajo de la Agencia, pero este organismo no puede estar al margen de las condiciones de trabajo de su personal, y mucho menos obstaculizar la labor sindical».