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EFE
Valencia
Martes, 29 de mayo 2018, 17:08
El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha rechazado la petición de Mónica Magariños, empleada de las empresas de Francisco Correa, para que se suspenda su ingreso en prisión mientras se tramita su petición de indulto, y ha aceptado la de Ana Grau, trabajadora de la Agencia Valenciana de Turismo, ambas condenadas por el caso Fitur.
Ana Grau está condenada a tres años de cárcel por falsedad documental y a 4 años de inhabilitación por prevaricación administrativa, mientras que Magariños fue condenada a 8 años de prisión por asociación ilícita, prevaricación y malversación, por el llamado caso Fitur (una de las seis piezas de la rama valenciana de la trama Gürtel).
En el caso de Magariños, el tribunal valenciano ha tomado en consideración para denegar la petición que su pena supera los tres años de prisión y porque además tiene una acusación pendiente de enjuiciamiento en otra de las piezas del caso, por la que se le solicitan 8 años de prisión.
Además, el tribunal ha pedido el ingreso voluntario en prisión de Magariños el próximo jueves, día 31, en el establecimiento penitenciario Madrid I-Mujeres, y le apercibe de que en caso de que no ingrese ese día serán dictadas las correspondientes órdenes de búsqueda y captura.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) comunicó también ayer que había desestimado la petición de Isabel Jordán, exadministradora de varias empresas del grupo Correa condenada a seis años en la misma pieza del caso Gürtel relativa al pabellón valenciano en Fitur, de suspender su ingreso en prisión hasta que se resolviera su petición de indulto.
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