El TSJ da dos días a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la imputación de la vicepresidenta Mónica Oltra

La cuenta atrás para que se conozca el futuro judicial de Mónica Oltra ha comenzado. El TSJ ha dado un plazo de dos día a las defensas y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia para que se pronuncie acerca de la competencia de la Sala de lo Civil y Penal para abrir una causa contra la vicepresidenta.

En definitiva, abre la puerta al ministerio público para que por primera vez exprese su opinión en esta causa, si considera que existen suficientes indicios delictivos por parte de la lider de Compromís en la deficiente gestión que hizo su conselleria en el caso de abusos de su exmarido. El docente fue condenado a cinco años de cárcel por la Audiencia, fallo ratificado por el TSJ.

Este plazo de alegaciones también permitirá a las defensas la presentación de sus propios escritos. De hecho, Oltra ya se personó en la causa hace una semana con ese objetivo: conocer con detalle todas las actuaciones que se han seguido en el juzgado de Instrucción 15 de Valencia así como la exposición razonada que elevó el juez al Tribunal Superior de Justicia planteando la imputación de la líder de Compromís. Resulta evidente que la consellera conoce todo lo instruido hasta la fecha porque casi una decena de cargos de su departamento figuran como imputados. Pero al no estar personada se le impide ejercer cualquier tipo de acción. Ahora sí puede hacerlo.

La estrategia de los abogados pasa por presentar un escrito en el que desmonten la tesis de la exposición motivada del juez y evitar que la vicepresidenta acuda a declarar como investigada. Este asunto se mueve en dos planos casi igual de relevantes para la consellera: el judicial y el mediático-político. Evitar que Oltra acuda a declarar como investigada es ahora mismo el primer objetivo. Una presumible bola de partido en un ambiente tan extraño como el que se respira ahora en Compromís.

La propuesta de Oltra no es novedosa. De hecho, es una acción que ya utilizó Rita Barberá cuando fue investigada por el blanqueo del PP. Antes de que el titular de Instrucción 18 de Valencia enviara el asunto al Tribunal Supremo -Barberá era entonces senadora-, la exalcaldesa presentó un escrito con sus alegaciones. Esto no evitó su comparecencia en el alto tribunal. También podría solicitar voluntariamente su declaración, aunque en el caso de Oltra tendría un efecto político demoledor.

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